Fracaso eléctrico

Esta legislatura que acaba se ha caracterizado en el Archipiélago por la grave crisis económica, por el creciente deterioro de los servicios públicos, por la mala defensa de los intereses de Canarias y, también, por los peligrosos tics neocentralistas del Gobierno canario. En este último aspecto, el del centralismo, hemos vivido un nuevo episodio con la aprobación por el Parlamento canario el pasado 17 de enero, con los votos de ATI-CC y PP, de la Ley que modifica la legislación vigente de regulación del sector eléctrico canario. Esta impone un centralismo injustificado por parte del Ejecutivo, anulando las competencias de cabildos y ayuntamientos, así como eliminando el control ciudadano sobre un tema tan sensible como la energía. Se autoriza al Gobierno a “la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los correspondientes proyectos de instalaciones de generación, transporte y distribución eléctrica, sin necesidad de ningún instrumento de planificación territorial o urbanística”. Señalando, además, que “los proyectos de construcción, modificación y ampliación de dichas instalaciones no estarán sujetos a licencia urbanística o a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular”. La Ley hasta ahora vigente sólo autorizaba al Gobierno a saltarse la opinión y la planificación municipal e insular para instalaciones de generación con potencia inferior a 50 mw, limitación que elimina el nuevo texto. Esta nueva ley merece varias puntualizaciones. En primer lugar, hay que señalar que la Ley fue presentada por los grupos que apoyan al Gobierno el 10 de marzo de 2010 como respuesta política a los apagones eléctricos ocurridos en Tenerife pocas semanas antes. Se quería trasladar la sensación de que el Gobierno tomaba cartas en el asunto y, a la vez, se alimentaba la idea que ha propagado el Ejecutivo de que la culpa de esos apagones la tienen los ecologistas, los del “no a todo”, y los ayuntamientos y cabildos que se oponen a nuevas instalaciones de producción y distribución. Desviar la atención El Gobierno desviaba así la atención de la causa de los apagones. Es la falta de mantenimiento la que provocó los dos apagones. Y la responsabilidad recae en el Gobierno, a quien compete velar por la planificación y el buen funcionamiento del sistema eléctrico, así como llevar a cabo las tareas de inspección del mismo. En segundo lugar, hay que recordar que el Gobierno canario tiene las competencias en la planificación de las infraestructuras energéticas y es, también, el responsable de la elaboración de los Planes Territoriales Insulares de Energía en seis islas. Y este Gobierno no ha hecho nada para desarrollar esos planes, impidiendo, por tanto, la planificación y puesta en marcha de nuevas instalaciones. Incumplen gravemente con sus competencias y disfrazan su ineficacia mediante un decretazo. En el caso de Gran Canaria se decidió, en el anterior mandato cabildicio, dividirlo en tres planes: producción con hidrocarburos, producción eólica y transporte de la energía. Los dos últimos están siendo elaborados por el Cabildo –que, además, está impulsando el desarrollo de una central hidroeléctrica entre las presas de Soria y Chira- y el primero se acordó, en medio de una discusión competencial, aceptar que fuera el Gobierno canario el que lo elaborara. Y no lo ha hecho. El retraso tiene responsables y esos están en el Gobierno de Canarias. Lo cierto es que ninguno de los Planes Territoriales de la Energía de las otras seis islas y el Plan Territorial de producción convencional de Gran Canaria han sido elaborados por el Gobierno, como debía, lo que ocultan a la opinión pública. La Ley pretende eludir la elaboración de tal planificación sustituyéndola por un decreto que, declarando de interés general determinadas infraestructuras eléctricas, permita que se realicen “sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación territorial o urbanística”. Se obvia así, bajo el pretexto de la urgencia y el interés general, las garantías democráticas que suponen la participación ciudadana y la información pública en la elaboración de los planes territoriales en un tema tan polémico como la energía. En tercer lugar, se evidencia una vez más la concepción neocentralista de este Gobierno, pasando por encima de las competencias que cabildos y ayuntamientos tienen en la planificación territorial y urbanística. Porque una cosa es que el Gobierno tenga la competencia y otra bien distinta es que imponga sus propuestas al resto de instituciones. La elaboración del Plan Territorial de la Energía de una isla deberá tener en cuenta el Plan Insular y los planes generales de los municipios y, si existieran contradicciones, que los cabildos y ayuntamientos expresen sus alegaciones y se busquen los adecuados consensos institucionales. No debemos olvidar que el ordenamiento territorial existente se elaboró atendiendo a la singularidad de cada isla o espacio del territorio y con las garantías que supone la participación ciudadana y la información pública. Imposición Reitero, asimismo, que los sistemas eléctricos canarios son insulares y que resulta poco razonable imponer propuestas al margen de la planificación insular. Por último, es preciso señalar que la incompetencia y el fracaso del Gobierno en materia energética no acaba con esos incumpimientos señalados en el desarrollo de los planes eléctricos de los que era responsable o en las tareas de inspección y vigilancia. Clamoroso es también el desastre en el desarrollo de las energías renovables, donde Canarias pese a sus excelentes condiciones apenas llega al 4% del global de producción energética, frente al 22% de media española. Estamos situados a la cola de las comunidades autónomas –con consecuencias económicas, medioambientales y para la propia salud de los ciudadanos- gracias a una pésima manera de gobernar Canarias con la que se hace imprescindible acabar.

Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.