El Gobierno reducirá un 15% las empresas públicas

El Gobierno canario pretende reducir en un 15 por ciento las empresas y fundaciones públicas antes de que concluya la legislatura, según ha informado este jueves el consejero de Economía y Hacienda, Jorge Rodríguez, quien ha garantizado, sin embargo, la continuidad de sus trabajadores. El consejero no ha desvelado cuáles son las que se extinguirán de las 20 empresas públicas y once fundaciones, en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, que acordó una serie de medidas para aumentar el control sobre estas entidades y garantizar la correcta aplicación de la reducción presupuestaria en sus 3.400 trabajadores. No puede haber "privilegiados" en el sector público, afirmó Rodríguez, quien explicó que con las nuevas medidas el Gobierno canario pretende dejar saneadas las empresas públicas y sus fundaciones para que se pueda proceder posteriormente a las posibles fusiones. El objetivo es que las empresas cumplan con las restricciones de gasto que prevé la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2011 sin generar déficit. Para ello, obliga a la denuncia de las cláusulas de los convenios colectivos negociados recientemente en las empresas públicas y fundaciones para la aplicación de la Ley 7/2010 que hayan supuesto concesiones en compensaciones salariales o extrasalariales o cualquier otra cláusula de recuperación automática de la reducción realizada. La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad y la de Economía y Hacienda elaborarán instrucciones con criterios a los que deben adaptarse todos los convenios colectivos o acuerdos de las empresas públicas y fundaciones, al menos en lo que respecta a retribución por antigüedad, edad de jubilación, jornada laboral, vacaciones y permisos. De este modo, dijo que el Gobierno aumenta el control sobre los convenios colectivos y acuerdos laborales en estas entidades públicas y obliga a que las posibles modificaciones de estos acuerdos deban contar con informe previo de Función Pública y Presupuestos, que en caso de ser desfavorable llevará aparejado una instrucción para su no suscripción. Además, el Gobierno canario aumenta el control y exigencia sobre las cuentas del sector público para lo que ha decidido que antes del 15 de febrero se entreguen a la Consejería de Hacienda análisis de impacto socio económico de las actividades que realizan sin obtener ingresos. Así mismo, deberán informar de las medidas que pretenden adoptar para maximizar los ingresos sin que suponga competencia desleal con el sector privado, y sobre las medidas aplicadas en 2010 y las previstas para 2011 para la imprescindible reducción de gastos, debiendo cuantificarse el impacto de las mismas. Además, todas las empresas deberán realizar un informe de viabilidad en un plazo de dos años y entregarlo a la Viceconsejería de Hacienda antes del próximo 15 de febrero. Este informe debe reflejar la situación económica y la posibilidad de afrontar los pagos previstos y no exime a aquellas empresas que presenten déficit en 2010 de aportar el preceptivo plan económico-financiero a medio plazo. Rodríguez subrayó que el acuerdo exige la inmediata presentación de este plan respecto a las empresas públicas y fundaciones que han incurrido en pérdidas y que aún no lo han presentado. El consejero advirtió que el Gobierno canario no realizará aportación económica o transferirá subvención alguna en 2011 a estas empresas hasta que no presenten dicho plan.