Recordando la Constitución secuestrada

El 6 de diciembre se rememora el aniversario de la Constitución Democrática vigente. En España, contamos con un estatuto legal de máximo rango que, tras ser aprobado en referéndum popular hace ya 32 años, determina la naturaleza democrática de nuestro Estado y estipula los derechos y los deberes, las garantías y las obligaciones que deben regir la vida política del pueblo soberano, de sus instituciones y de sus entidades jurídicas. Este año, el recuerdo de la efeméride ha venido a coincidir con una acción extraordinaria del Gobierno Central, justificada en el poder que la propia Constitución le otorga. Ante el colapso del control del espacio aéreo, provocado por la masiva incomparecencia laboral de los controladores, el Ejecutivo procedió a la declaración constitucional de Estado de alarma para poder aplicar medidas extremas ante esta grave situación, decretando la militarización de los funcionarios. No obstante la importancia de disponer de una Carta Magna democrática y de haber comprobado, con la crisis de los controladores, el notable poder que da a las instituciones políticas sobre el conjunto social; visto el estado generalizado de corrupción de los poderes y de indefensión social que padecemos la ciudadanía, hay muy poco que celebrar. Tras el derrumbe de la última burbuja inmobiliaria en el Estado y el posterior descalabro del capitalismo financiero global, con la recesión que se ha impuesto, ha quedado, a las claras, la usurpación de nuestras instituciones democráticas por las actuales elites de poder y el secuestro de nuestra Constitución. Las medidas reaccionarias e inconstitucionales llevadas a cabo recientemente por el actual Gobierno de Rodríguez Zapatero a través del conocido “decretazo”, son solo una muestra de ello. Hace décadas que se están vulnerado garantías fundamentales en materia laboral, económica y social; que se está subordinando la soberanía nacional a intereses antisociales, agrupados en “los mercados” y camuflados en organismos internacionales como la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, de gran poder fáctico, pero sin legitimidad democrática; que el uso que se hace de la Constitución es arbitrario y artero, cuando su condición de máxima expresión de la legitimidad del Estado, obliga a todas las instituciones y particulares a cumplirla. En un mundo de autoritarios y depredadores, nunca ha sido fácil sujetar, bajo el imperio de la ley, a los poderosos. Ante los intereses antisociales y antiecológicos hegemónicos es muy complicado llevar adelante un proyecto socioeconómico democrático y sostenible. Pero, para quienes estamos convencidos de que los lemas de la Modernidad -la libertad, la igualdad y la fraternidad-, lejos de ser antagónicos, se retroalimentan; la justicia, la equidad y la solidaridad entre personas, colectivos y países, no es una opción, es el único camino de auténtico progreso humanitario. Y todo esto pasa también por defender y reivindicar los derechos humanos y los constitucionales, por defender la democracia ante los usurpadores, aunque sea desde la calle. Pero no solo desde ella, pues aún tenemos a nuestro alcance multitud de herramientas legítimas. ¡Usémoslas!.

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