La Corporación aprueba la declaración contra el recorte en el gasto social

El Corporación de San Bartolomé de Tirajana, reunida en sesión plenaria extraordinaria, ha aprobado por unanimidad la declaración institucional elaborada conjuntamente con casi todos los municipios de la Isla en contra de los recortes de los fondos sociales anunciados por el Gobierno de Canarias. La alcaldesa del municipio, María del Pino Torres, ha afirmado que este recorte "supone dar la espalda a miles de ciudadanos de esta Isla, que dependen, en su día a día, de los recursos que desde las concejalías de servicios sociales, ponen a su disposición”. Torres ha añadido que “no se puede consentir que el Gobierno de Canarias recorte, de forma salvaje, unos servicios que representan los pilares del Estado del Bienestar”. Por su parte, el edil Marco Aurelio Pérez ha señalado que “no existe ninguna garantía de que en el Presupuesto del Gobierno canario para 2011 se preserven los dineros destinados a cubrir los servicios sociales, que son básicos para la población de Gran Canaria”, y ha destacado la necesidad de estos servicios que es en estos momentos de crisis. Un millón de euros para no restringir servicios Y es que en el caso de que el Gobierno de Canarias eliminara las partidas que destina al Ayuntamiento sureño para los Servicios Sociales, la Corporación Local tendría que hacer frente a un gasto de alrededor de un millón de euros para poder seguir ofreciéndolos a los usuarios. Los recortes previstos afectarían, entre otros, a los servicios financiados a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, el servicio de Ayuda a Domicilio o el caso del área de Discapacidad, la pérdida de la financiación afectaría a los usuarios del Taller Ocupacional. Por todo ello, la Corporación exigirá al Gobierno canario que restablezca la partida del presupuesto ejecutado en el ejercicio 2010 para el 2011 para estas competencias. Condena a la actuación marroquí sobre la población saharahui Por otra parte, la Corporación de San Bartolomé de Tirajana ha celebrado este jueves un segundo pleno extraordinario en que se aprobó por unanimidad una declaración institucional a través de la cual se condena “la intervención violenta e indiscriminada de la policía y el ejército de Marruecos sobre la población civil saharaui en la destrucción del campamento de Gdeim Izik, que ha ocasionado centenares de víctimas”. A través de este documento, se pide la inmediata intervención de la ONU, la Unión Europea y los gobiernos de España, Francia y los Estados Unidos para que presionen sobre el Gobierno de Marruecos y le exijan el cese de la violencia, el respeto a los derechos humanos en el Sahara Occidental y la celebración del referéndum de autodeterminación con todas las garantías democráticas sin más dilación.