Desde 1978, tras la reinstauración del régimen democrático en nuestro Estado, la ciudadanía española nos incorporamos a garantías constitucionales y a capacidades sociales similares a las reconocidas en los países europeos. Estas condiciones de ciudadanía, características solo de los sistemas políticos de derecho y democráticos, ni son poca cosa, ni están ampliamente reconocidas en el mundo. En los Estados occidentales, fundamentalmente, la protección constitucional de derechos civiles, políticos y sociales forman una tríada de garantías de no opresión, de participación pública y de seguridad económica “de la cuna a la tumba”, que han permitido un desarrollo de las libertades y de la calidad de vida populares, sin parangón.
El sociólogo T. H. Marshall, en los años 50, expuso sus teorías sobre el surgimiento y los requisitos de esta moderna ciudadanía civil: en el siglo XVIII la extensión de los derechos civiles dio origen a una comunidad de hombres libres y resguardados en una justicia común; a lo largo del siglo XIX, los derechos políticos sirvieron para dar reconocimiento a los anhelos políticos de todos los ciudadanos, neutralizando así la desigualdad formal entre ricos y no ricos; entrado el siglo XX, el sufragio universal reconoce -sin discriminación de género- la dignidad a toda la ciudadanía y con la generalización de los derechos sociales se vienen a cubrir las necesidades materiales básicas, haciendo posible y eficaz el ejercicio del conjunto de los derechos. Esta interpretación ha servido de referente en los estudios sobre la ciudadanía en los Estados de Bienestar y en las sociedades post-industriales. Este autor también consideraba que la extensión y garantía de estos derechos, junto con la intervención del Estado y una economía mixta, tendrían la virtud de mitigar los efectos de la tensión entre la igualdad política formal y la desigualdad económica real, propias de las democracias liberales capitalistas.
Las insuficiencias y contradicciones de este idealizado modelo, centrado sobre todo en la separación de los derechos y los deberes, en su aplicación en el ámbito territorial de los Estados y en una visión economicista del bienestar; la profundización en la conciencia de la necesidad del reconocimiento universal de los Derechos Humanos y la nueva realidad de la degradación medioambiental generalizada han modificado sustancialmente las visiones actuales del status ciudadano y su relevancia.
Andrew Dobson, especialista en teoría política y política verde, ha propuesto en su definición de la ciudadanía ecológica, un nuevo nivel de comprensión y de responsabilidad. Poniendo más atención a las responsabilidades y capacidades de los ciudadanos, que a sus derechos. Ampliando el espacio activo legítimo de la actividad ciudadana al ámbito privado. Reivindicando las dimensiones desterritorializadas de ciudadanía, como ciudadanos de la Tierra. Centrada en el cuidado y la compasión por nuestros semejantes y nuestros entornos naturales, en busca de la sostenibilidad (el cuidado a las generaciones venideras), esta nueva ciudadanía pretende una “remoralización” de lo político y un mayor protagonismo de la sociedad civil -sobre las instituciones públicas y privadas- ante las responsabilidades ecológicas y humanitarias.
SER CIUDADANÍA EN CANARIAS HOY (II)
La nueva concepción de una ciudadanía transnacional, concienciada a practicar la solidaridad democrática plena y a imponer las condiciones de sostenibilidad a las actividades económicas, en todo el mundo y en toda la Tierra, es un fenómeno glocal. La “glocalización” (término creado de la mezcla entre globalización y localización, según Wikipedia) tiene dos acepciones: económicamente, es la capacidad de “pensar globalmente y actuar localmente”; culturalmente, define la mezcla que, actualmente y por doquier, se está produciendo de elementos locales con los mundializados. Y en sus dos vertientes, estos valores glocales tienen especial relevancia para nuestra ciudadanía y para nuestro archipiélago; pues nuestra condición hospitalaria y nuestra experiencia cosmopolita nos hacen muy receptivos a los nuevos aires de fraternidad universal. Y nuestra ubicación geográfica, junto a nuestras orografías insulares, resulta privilegiada para dar el salto a las energías renovables y a su corolario, la relocalización de las actividades económicas estratégicas para el bienestar ambiental y social y para un desarrollo sostenible. Así, el horizonte para Canarias, no puede ser más prometedor.
No obstante, antes que nada, habrá que dar solución a las barreras que se alzan ante estas oportunidades inusitadas, por parte de las élites insulares de poder y sus lacayos. Este conglomerado usurpador, aún tras el descalabro internacional del neoliberalismo económico-político y de la severa recesión que está provocando en la ciudadanía, continua decidido en mantener directrices arteras de alienación, domino y expolio social y natural, pase lo pase, cueste lo que cueste y pese a quien pese.
Y es que como el economista Gérard Duménil y el filósofo Jacques Bidet nos hacen ver, hasta hace muy poco, incluso en las sociedades formalmente democráticas y garantistas, la ciudadanía de a pié ha tenido que delegar en “los cuadros y expertos” -los gestores y administradores, los especialistas de toda clase- la gestión de los asuntos públicos civiles, políticos, sociales y económicos, debido a sus capacidades exclusivas en conocimientos y tecnologías. En el complejo orden social moderno, esta clase tecno-ilustrada ha conformado, junto a las verdaderas élites de poder, las dos fuerzas dominantes, parasitarias y jerárquicas, con quienes se las ha tenido que ver el conjunto de la desposeída e inculturizada ciudadanía.
Situados entre la periferia del poder y la cercanía a lo popular, estos cuadros han sido la pieza clave para inclinar la balanza socioeconómica hacia los ricos o hacia los pobres, en distintos momentos históricos. En el período de la hegemonía de los Estados de Bienestar (1945-1973), gracias a la coyuntura de alianza con los interés populares –a través de organizaciones políticas demócratas, laboristas, socialistas y comunistas- en EEUU y los países noroccidentales de Europa, se obtuvieron notables expansiones económicas, se ampliaron las coberturas sociales a toda la población y se mantuvieron altas cotas de empleo de calidad. Desde el período de las “revoluciones” conservadoras de Reagan y Thatcher en los 80, hasta hoy mismo, “los cuadros y expertos” han estado al servicio de los poderosos, siendo corresponsables del cuasi colapso civilizatorio y ecológico en el que, también en Canarias, nos vemos inmersos.
SER CIUDADANÍA EN CANARIAS HOY (III)
El regreso de la Democracia a España fue el resultado de la llamada Transición Democrática, a la cual se le atribuyen virtudes sin cuento –que varias tuvo- y ningún defecto. Sin embargo, investigaciones sociológicas como las de Narciso Pizarro Ponce de la Torre, a partir del análisis de las redes sociales de las élites del poder político, económico y burocrático en la sociedad española del momento, han demostrado empíricamente que estas estaban integradas como un auténtico grupo social, aunque sin institucionalizar. Los grupos de Altos cargos del Ejecutivo, los Diputados y Senadores, los Cuerpos superiores de la Administración del Estado y los Consejeros de las mayores empresas tenían entre sí tantas relaciones de pertenencia que por sí solos, podrían haber hecho posible el consenso necesario para la transición de los regímenes políticos.
Los miembros de la élite de la transición que ya eran miembros de la élite franquista y los que se incorporaron sin haberlo sido en el periodo anterior, se integraron completamente, compartiendo durante el proceso los nombramientos, los cargos políticos, los empleos administrativos y los sillones en los Consejos de Administración. Con las élites económicas y las político-administrativas estructuralmente integradas, la distinción entre Mercado y Estado en ese periodo, brilló por su ausencia. Este entente entre “autoridades” antidemocráticas y prodemocráticas, neutralizó los procesos de depuración de responsabilidades y de regeneración democrática, provocando dinámicas indeseables que no han dejado de pesar en la evolución de la Democracia hasta hoy:
-los poderes económicos y los burocráticos siguieron siendo los mismos, y por ello en este “Estado social y democrático de Derecho” siguen siendo intocables los ricos y persisten los hábitos autoritarios e irresponsables en las distintas Administraciones.
-desde el inicio, el desarrollo constitucional quedó lastrado por una judicatura reaccionaria y por las tímidas prácticas políticas de los gobiernos. Además, los partidos hegemónicos, en la avidez por copar los gobiernos a base costosas campañas electorales (y de cosas peores), se volvieron rápidamente dependientes de los créditos y de las subsiguientes deudas con la gran banca nacional.
La llegada de los socialistas del PSOE al gobierno central –valorado como el cumplimiento de la Transición-, durante su pretendida “década prodigiosa”, trajo el desencanto político, la descomposición del tejido social contestatario y la constatación de que las corruptelas iban a ser parte sustancial del modo de hacer de las “nuevas elites”. La “alternancia” de la llegada al poder los conservadores del PP ha venido a demostrar, así mismo, que nadie de entre ellos, está por la labor de completar el Estado democrático y de cumplir con la Constitución. Para ocuparse de estos mandatos fundamentales, hoy por hoy, la ciudadanía estamos prácticamente a solas.
Esta solapada complicidad entre los poderosos de las instituciones públicas y privadas del país que persiste en mantener usurpadas nuestras instancias de gobierno, es el motivo principal por el que somos uno de los países más corruptos de la Unión Europea, con un Estado benefactor mínimo y con las mayores fracturas socioeconómicas.
SER CIUDADANÍA EN CANARIAS HOY (y IV)
En la actualidad, la situación de desmoronamiento institucional y de abandono de las responsabilidades de derecho en el ámbito de la Autonomía Canaria está llevándonos a una auténtica emergencia social. La versión casera del estado de cosas que ha producido el tsunami “neoliberal” en todo el mundo, con la desprotección social y la exclusión económica campando por los barrios de nuestros pueblos y ciudades, resulta trágica:
-porque tampoco aquí los próceres recuerdan los fines de nuestra Democracia y los mandatos, las garantías y las herramientas que ordena la Constitución vigente. El cruce mediático de declaraciones huecas o capciosas de unos y otros dirigentes son el ingrediente cotidiano con el que se intenta narcotizar a una ciudadanía vejada y desposeída desde hace mucho, que hoy languidece abandonada a su peor suerte.
-porque en las últimas décadas, ninguna de las fuerzas hegemónicas en el archipiélago ha tenido la menor idea o intención de proteger al conjunto de su “pueblo soberano” del desaguisado desarrollista en el que nos metieron, pues ellas mismas contribuyeron a que se perpetrara o lo consintieron. Y del consiguiente descalabro de recesión en el que nos encontramos, tampoco tienen nada de qué responder o enmendarse.
Y así, nuestros empequeñecidos líderes, persistiendo en el gobierno irresponsable de las instituciones y faltando al rigor democrático en su ejercicio del poder público, han conseguido defraudarnos totalmente. Además, para encontrar las alternativas solidarias y sostenibles que precisamos como salida a esta macro crisis capitalista, su enroque autoritario y economicista resulta completamente inútil.
¿Qué nos queda a la ciudadanía de a pié ante la obsolescencia y el descrédito del sistema y sus representantes? Jean Ziegler –sociólogo anticapitalista- nos recuerda que solo “(…) aquí, en el cerebro del monstruo, el pueblo existe con todos sus derechos: una sociedad civil con conciencia puede (…)”… ¿Qué es lo que podemos?
Podemos hacernos cargo de la situación, porque hace falta con urgencia. Porque a pesar de la precariedad y de la exclusión, somos las generaciones populares más numerosas, ilustradas y conscientes de la historia de esta tierra. Y porque tenemos las necesidad y las ganas, pero también los oficios, las técnicas, las habilidades y los saberes precisos para afrontar con bien los múltiples retos sociales y ecológicos contemporáneos.
La gente de Canarias somos perfectamente capaces de, consensuadamente, cambiar las cosas a mejor, regenerando nuestra sociedad civil y nuestras instituciones y redirigiendo nuestras estrategias socioeconómicas y energéticas. A través de la extensión de los movimientos sociales solidarios. Y también, si desde el ámbito político no surgen auténticas alternativas, compromisos y apoyos, haciendo uso legítimo de los medios que nuestra democracia nos dispone, constituyendo plataformas electorales ciudadanas unitarias en la defensa de esos fines, para, en las próximas elecciones en nuestros ámbitos, llegar hasta las distintas Administraciones ¿Podemos? ¿Queremos?








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