Mar de fondo

¿Vivimos en España en una situación de emergencia nacional? Desde luego, ninguna Administración del Estado se está conduciendo, hasta hoy, como si así fuera, pero múltiples declaraciones que se suceden en ese sentido en los medios de comunicación, y realizadas por dirigentes de nuestras instituciones públicas y privadas, así lo afirman. Por ejemplo, en marzo del pasado año, Francisco González, el presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria –que es una de las entidades financieras multinacionales de titularidad española más importantes- se pronunciaba a favor de un gran compromiso de todos los agentes políticos, económicos y sociales "sin excepción", para afrontar los efectos de la crisis económica mundial en nuestro país. A su juicio, la situación, de auténtica "emergencia nacional", hacía ya necesario un "gran acuerdo y un gran contrato económico y social" para afrontar los problemas y avanzar hacia un modelo "más productivo, más competitivo y más generador de empleo y riqueza". El debilitamiento de la banca internacional había hecho entrar al conjunto de la economía global en un "círculo vicioso" de recesión, que era "imprescindible atajar", con coordinación internacional y actuando de forma "tan radical como sea necesario", pero respetando la competencia del mercado, base de la creación de riqueza y bienestar, el libre comercio internacional, que de él depende el bienestar de todos y no tendiendo a medidas proteccionistas, porque sólo prolongarían y agravarían la crisis. En mayo de este año, era el ex presidente de Gobierno, Felipe González, quien recomendaba al Gobierno central que advirtiera a la ciudadanía española de que el país atraviesa una "situación de emergencia" que exige un "esfuerzo nacional desde todos los sectores institucionales, sociales y económicos". Este destacado socialdemócrata y actual presidente del “Consejo de sabios” de la Unión Europea instaba, no obstante, a la regulación del sistema financiero para evitar la nueva amenaza especulativa, resultado del "terreno cedido por el poder representativo en beneficio del poder financiero". Y animaba a que las prioridades –teniendo en cuenta los "elementos diferenciales" socioeconómicos de España- pasaran también por una reforma del mercado laboral hacia “la flexiseguridad" y la empleabilidad de las personas con más formación y mayor movilidad. Concluía con que “hay que hacerse cargo de la situación para poner firmes a los especuladores y decir a los ciudadanos que la salida a la crisis no va a ser gratis". Y, a mediados del pasado mes de septiembre, ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien, refiriéndose a su intención de suprimir 2.000 liberados sindicales en esa Comunidad, afirmaba: “estoy segura de que ahora, con la crisis, los sindicatos tendrán la altura de miras suficiente para comprender que si todos nos apretamos el cinturón, si la situación económica es de emergencia nacional, como es, tendrán ellos también que reducir ese número”. Los tres casos reseñados, y bastantes más, nos vienen expresando las inquietudes de algunos de los líderes económicos, sociales y políticos, ante la extraordinaria deriva de empobrecimiento en que nos encontramos. Y con ellas, nos plantean también, sus mejores propuestas para que podamos salir, todos a una, prontamente y con bien, de este severo trance de austeridad sobrevenida en que nos encontramos. Pero, pocos días después del comunicado de la presidenta de la Comunidad madrileña, esta vez era el secretario general del sindicato Comisiones Obreras de Madrid, Javier López, quien le pedía a ella coherencia y que "sepa estar a la altura" para suprimir de los 1.521 altos cargos y cargos políticos que hay, elegidos por libre designación, en la Administración que manda, al menos 793, " para volver a los 728 que encontró cuando su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, le traspasó el Gobierno de la región en 2003”. López explicó que el gasto generado por estos "liberados políticos del PP" supera con creces los 100 millones de euros anuales y que, aún así, esos 1.521 cargos "no incluyen el personal de dirección y confianza de organismos como Telemadrid, Sermas, Canal de Isabel II y así hasta 175 empresas y organismos públicos de la Comunidad, que se han convertido en una maquinaria para dar empleo a miembros del PP, altos cargos del último gobierno de José María Aznar y “exiliados políticos” de otras administraciones donde el PP ha perdido el poder". Un aspecto no menor en este asunto es que esa importantísima y creciente proporción de cargos de libre designación, que se extiende por todas las Administraciones y sus anejos, no es elegida por la ciudadanía, ni accede a los puestos tras superar una oposición de competencia y méritos, sino que se conforma a dedo y sin criterios de austeridad ni de responsabilidad. Mientras, los delegados y delegadas sindicales son elegidos por los trabajadores y las trabajadoras en elecciones libres en las empresas. Además, en España, los y las liberados sindicales -representantes que disponen de todo el tiempo para realizar sus labores- suponen solo el 7% del conjunto, frente al resto de Europa que, de media, suponen el 29%. Además, los países que tienen los más altos índices de afiliación sindical y los porcentajes más altos de liberados son también los que tienen mayor productividad laboral y mejores condiciones laborales. Todo ello, según los datos que aporta la última Encuesta Europea Empresarial. No es por casualidad que nuestro Estado, desde su integración en la Unión Europea, permanece por debajo de sus posibilidades y de la media europea en la generalidad de los índices y porcentajes que reflejan las condiciones, garantías y salvaguardas de la población. Que en España estamos en estado de emergencia, con comunidades enteras subsistiendo con el PER, con fondos europeos y demás subsidios, no es una novedad. A la nefasta gestión política de nuestra Democracia y a la enorme corrupción enquistada en las instituciones, solo hacía falta añadir los fiascos que provocan las actividades capitalistas especulativas, para que nuestra economía naufragara, como han comprobado las múltiples empresas que han quebrado desde que se derrumbó “nuestra” burbuja inmobiliaria, a mediados de 2007, y el sinfín de ciudadanos y ciudadanas necesitados de empleo, que se han quedado sin trabajo, sin prestación de desempleo y sin protección social, hasta hoy. En estos momentos, para la gente de a pié, todo son recortes, precariedad e indefensión. Con la economía productiva estrangulada por el colapso de la financiación bancaria y la pérdida de poder adquisitivo de la población. Con las economías familiares extenuadas -sin ahorros y con elevadas deudas inducidas. Y, padeciendo la sangría que supone la enorme pérdida de empleos, las directrices neoliberales que está imponiendo a nuestro conjunto social el actual gobierno -“socialdemócrata”-, resultan enormemente contraproducentes e ineficaces. Pero, además, son claramente ilegítimas. Aunque hay un clamoroso silencio por parte de las élites institucionales y de la generalidad de los medios de comunicación, a su servicio, éste es el aspecto crucial para comprender el alcance de la situación de emergencia en que nos encontramos y para poder proceder a su solución. La violencia institucional que se ha venido ejerciendo desde a poco que se puso a andar nuestro Estado constitucional de derecho en 1978, en esta procelosa encrucijada, se vuelve evidente. Y la vulneración actual de que es objeto la Constitución, incontestable: aún estamos en un Estado que se define como social y que reivindica a su pueblo como soberano; las reglas de juego, los derechos y deberes sociales, políticos y económicos están nítidamente orientados hacia la justicia, la solidaridad y la protección social; en ningún apartado de la Constitución se comparte la soberanía con mercados nacionales, ni internacionales, con Agencias de calificación de deuda o con el Fondo Monetario Internacional. Lo que sí está establecido -sin lugar a dudas- es que, en todo momento, “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” (Artículo 128. 1). En este fiasco socioeconómico de precariedad e indefensión, de empobrecimiento y abandono institucional, en que una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas de la población española estamos atrapados, el interés general no puede ser ajeno a nuestra suerte. Y para situaciones como esta, está mandado que “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.” (Artículo 128. 2). Esto no hay que votarlo, es la máxima expresión de la ley, hay que cumplirlo. Primeramente, deben cumplirlo todas las instituciones del Estado -que así legitiman su autoridad- y tras ellas, la sociedad entera. El día de huelga general del pasado 29 de septiembre, ha dejado clara una cosa: que, por fin, empieza a haber mar de fondo. Para tantas y tantas personas, que del tiempo que llevamos sumergidas nos están saliendo ya las agallas, este es un momento propicio y prometedor para cívicamente empezar a cambiar las cosas. En nuestras islas Canarias, en mayo próximo, hay elecciones locales, insulares y autonómicas. Y la nuestra es la Comunidad Autónoma donde más castigada está la ciudadanía de a pié por este estado de emergencia institucional y económico; donde la utilización de los cargos y altos cargos de libre designación para emplear a familiares, amigos y camaradas, es proverbial; donde el gobierno, de espaldas a los intereses de la mayoría, es casi generalizado y endémico… Para empezar a hacer olas… pásalo.