La guerra municipal de Las Palmas

Como se veía venir, estalló la tormenta en el seno de la corporación municipal, produciéndose la ruptura entre el PSOE y su socio, Compromiso por Gran Canaria. Cierto es que la actividad de Nardy Barrios y su protagonismo, tanto en diferentes lugares de la ciudad como en medios informativos, parece que no eran muy del agrado del alcalde y de los ediles del PSOE, más dados a actuaciones que les aleja bastante de la sociedad, del pueblo que les votó mayoritariamente. El concejal del PP, Jaber, ex –concejal de Urbanismo -que obvia que ellos han sido los que han motivado este follón- se atrevió a decir en el debate del Pleno Municipal, que Compromiso y el PSOE “habían escenificado su ruptura, de forma provisional, porque estamos ya en campaña electoral, para después continuar unidos”. Aparte, el buen hombre, dijo que hablaba a ver si podía “elevar el nivel del debate”. Es cierto que por ahora, al PSOE no le hacen falta los votos de Compromiso para gobernar con holgura, pero sí era un estímulo contar con la valiosa colaboración y ejemplo de una persona como Nardy Barrios, cuya meta era trabajar por la ciudad, y como se ha visto, defender la legalidad, en una democracia joven e inexperta que hemos maleado precisamente, por la facilidad con que algunos políticos se meten en toda clase de berenjenales, demostrando una gran irresponsabilidad, y especialmente una falta de respeto a la ley y a la Justicia. O sea, al llamado Estado de Derecho. Recalco algunos, porque sé, y ustedes también lo saben, existen políticos (de todos los partidos) que llevan con dignidad sus cargos y teniendo clara vocación de servicios a los ciudadanos, a los pueblos, ciudades cabildos o a la misma autonomía en la que viven, (que para eso se les ha elegido) sin que existan esas manchas que otros ostentan, como cohechos, tráfico de influencias, nepotismo, prevaricaciones, y demás ilegalidades que presuntamente se les han imputado. Aunque hay, como todos sabemos, unos pocos a los que se ha juzgado y sentenciado. Pero, como digo, unos pocos. Tendría que haber más. Es precisamente una de las carencias de nuestra democracia, a la que defiendo, y como ciudadano libre, exijo a los poderes políticos y la Judicatura, que hagan un esfuerzo para modificar y mejorar determinados capítulos de nuestra Constitución y de nuestro sistema judicial. No se puede permitir que siga habiendo impunidad, bien por ser aforados, o porque los jueces no tienen los instrumentos necesarios para proceder contra todos aquellos políticos que actúan de manera irresponsable, sin que caiga sobre ellos el peso de la Ley, cuando se originan pufos y demás actuaciones a todas luces presuntamente ilegales. Acciones, a su vez, que no pagan ellos sino que corren a cargo del erario público. Eso sin contar con aquellos otros magistrados que se ven sujetos a ciertos compromisos políticos, en vez de “hacer justicia”, sin presiones. De la misma forma deberían responder de los gastos ostentosos o de las inversiones innecesarias que sangran las arcas municipales, los gobiernos insulares o las del propio gobierno autónomo, como hemos visto recientemente con la carga de una policía autonómica, en el momento mas inoportuno, o unos medios informativos /radio o televisión) al servicio del gobierno de turno (que, casualmente, es el mismo desde hace años. Una forma de perpetuarse en el poder con sus sesgadas informaciones y falta de críticas a las actuaciones de los que gobiernan, glorificando incluso sus desaciertos. Todos hemos comprobado, a lo largo de esta débil e imperfecta democracia cómo determinados políticos recurren a lo que se llama “el chocolate del loro” para sus viajes al exterior, sus alojamientos en lugares lujosos, sus regalos de Navidad, y otros dispendios. Un hábito que hoy en día, máxime con la crisis que padecemos, que no tendrá solución a corto plazo, no parece erradicarse de estas islas.Aunque ustedes no lo crean continúan los despilfarros El ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se llenó de deudas, de compromisos, de proyectos, de pleitos, de sentencias, etc. que dieron lugar a que las arcas municipales se vaciaran. Pero, tanto ustedes como yo, sabemos que no fue la actual corporación la que cometió tales desmanes, aunque si mantiene ahora unas posturas que se inclinan más hacia la derecha que al equilibrio político y social que le corresponde. O tal vez, ha dejado de ser socialista. El problema es que quienes cometieron los errores no los han pagado aún, y ni siquiera se les ha juzgado por ello. Es que esos disparates y equivocaciones no se contemplan en las leyes de una estado de derecho que se llama España. Debería ser a ellos a quienes se les exigiera que pagaran lo que han hecho mal. De la misma forma que tendrían que pagarlo todos los políticos que actúan tan a la ligera y sin la más mínima responsabilidad. Da igual a qué partido pertenezcan. Porque, generalmente, casi todos caen en ese mismo error. Ninguno debería tener bulas ni privilegios. Ya es hora de que dejemos atrás una democracia en la que sólo se utiliza al ciudadanos para ir a votar cada cuatro años. Los ciudadanos deberían también participar en las decisiones que tomen quienes les gobiernan. Tiene que ser atendidas iniciativas populares, sus llamamientos, sus asamblea y todo aquello que sea “razonablemente correcto”. No se trata de atender cualquier capricho. El ayuntamiento de Las Palmas tiene un gran dilema. El grupo de gobierno –excepto el Nardy Barrios y su partido, que hasta ahora gobernaba con el PSOE- no ha podido cumplir lo que prometió a los vecinos de la zona cercana al canódromo. Tiene ante sí que si acepta la demolición de las dos torres que se han levantado, habrá que pagar más de cien millones de euros a la empresa Regalia.. Un dinero del que carece. A no ser, claro está, que se carguen esos costes a quienes permitieron que se levantasen allí esos edificios. La señora Barrios se agarra ahora a la legalidad. Pero ella sabe que todo eso es muy relativo. Primero porque no existen fondos para acometer esa sentencia. En segundo lugar, apela a que sean los responsables del desaguisado quienes lo paguen. Pero también sabe que, tal como tenemos estructurada la Justicia en este país, eso tampoco será posible. O sea, pagará el erario público, y quienes lo hicieron se irán, como siempre, de rositas. Esa es la realidad. Por lo tanto estamos ante un círculo vicioso que nadie quiere deshacer. La falta de planes generales de urbanismo ha llevado a todos estos disparates que observamos, tanto en la capital grancanaria como en el resto de la isla. La ordenación territorial de Gran Canaria ha sido un auténtico desastre. Todo el mundo ha hecho lo que le ha dado la gana, sin orden, sin control, sin calidad. Una muestra más de la forma anárquica con la que hemos tratado nuestro territorio, nuestro paisaje, nuestro patrimonio natural y nuestros pueblos y ciudades. Después de sus desacuerdos con el PSOE, Nardy Barrios y su compañero Ricardo González, harán mutis por el foro en el escenario municipal, habiendo tenido, bajo mi punto de vista, una actuación aceptable, pese a las zancadillas que recibió de algunos de los concejales socialistas, que tan poco favor le hacen al socialismo.