Reforma laboral: mitos y realidad

Tras fracasar el proceso de concertación entre representantes empresariales y sindicales, el Gobierno de Zapatero aprobó la reforma laboral, mediante un decreto convalidado posteriormente por el Congreso de los Diputados. Una reforma laboral, mitificada en sus posibles resultados y demandada, especialmente, desde la patronal y las filas conservadoras; y reducida en muchas ocasiones a un debate sobre el abaratamiento del despido. Es preciso recordar que en los años de bonanza económica el marco laboral hasta ahora vigente permitió la creación de más empleo que cualquier otro país de Europa, aunque de baja cualificación y de gran temporalidad. Asimismo, con este mismo marco se ha producido mucha destrucción de empleo en el último período. Luego el marco laboral no es el eje de la mayor o menor creacion de empleo, sino el modelo productivo. Considero que el decreto de medidas para reformar la ley laboral no va a resolver a corto plazo el problema del paro. Porque el problema de fondo de la crisis no se encuentra en la regulación laboral sino en el excesivo endeudamiento de familias y empresas, la sequía del crédito y, por tanto, la falta de consumo y demanda, lo que hace caer la actividad económica y genera desempleo. En el caso de Canarias, muy dependiente de la demanda externa, la bajada del sector turístico, aunque moderada, agrava esta situación. Mejora del empleo Algunas de las medidas implementadas por el Ejecutivo central con esta reforma laboral pueden contribuir a mejorar el empleo a medio y largo plazo, una vez que comience una etapa de crecimiento económico; pero ni la actual regulación es el origen del elevado desempleo ni su modificación va a suponer la superación de la actual y profunda crisis y la inmediata generación de miles de puestos de trabajo. El cambio legislativo no va a resolver el grave problema de desempleo del Estado español, con un 20% de tasas de paro, ni de Canarias, que se acerca al 28%. La propuesta gubernamental no ha satisfecho, como era de prever, a ninguna de las partes, ni a empresarios ni a centrales sindicales, ni tampoco al resto de fuerzas parlamentarias. Ni a muchos de los socios europeos, que aún considerando que apuntan por la senda correcta, pueden considerarlas insuficientes. Aunque Dominique Straus-Kahn, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha señalado que va "absolutamente en la buena dirección", asegurando que Zapatero está asentando las bases “para dos décadas de crecimiento en España”. El decreto, en su formulación actual, atiende dos importantes reclamaciones de la patronal. Por un lado, al generalizar el contrato para el fomento de la contratación indefinida, que abarata el despido improcedente pasando de los 45 días de indemnización por año trabajado a los 33 días (los empresarios pedían 20 días), aunque éste no tendrá carácter retroactivo. Por otro, que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) será el responsable de abonar 8 de esos 33 ó 45 días de indemnización. De esta manera surge una nueva función de este fondo, que hasta ahora estaba destinado a atender los pagos de los despidos de las empresas en quiebra, lo que supondrá que precise disponer de más recursos económicos para cumplir sus funciones. La propuesta socialista ha tenido en cuenta la solicitud sindical de que sea la autoridad laboral, es decir un juez, quien siga dirimiendo si las causas de los despidos en empresas con problemas económicas son procedentes o no. El arbitraje propuesto por los empresarios en lugar de la tutela judicial queda relegado a que pudiera ser acordada por las partes en los convenios sectoriales. En este caso de empresas que aduzcan problemas económicos, y donde los despidos sólo tienen una indemnización de 20 días por año trabajado, el decreto relaja versiones anteriores donde requería seis meses de pérdidas empresariales por un más ambiguo, e interpretable, “de que los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa”. Mayor consenso Considero, por otra parte, que el decreto de reforma laboral contiene algunos aspectos que han suscitado un mayor consenso. Entre ellos el fomento de la realización de contrataciones indefinidas poniendo un plazo tope de 3 años, ampliable a 4 por convenio, a los contratos temporales por obras y servicios. Esta medida puede contribuir a reducir la dualidad de trabajadores temporales y fijos que es uno de los principales problemas del mercado laboral español. Igualmente, me parece de enorme interés que se incrementan los días a los que el trabajador con este tipo de contrato (obras y servicios) tiene derecho a ser indemnizado, pasando de 8 a 12 días entre los años 2011 al 2015. Asimismo, valoro que se incremente las bonificación a la contratación indefinida de los colectivos más afectados por el desempleo como son las personas mayores de 45 años, los jóvenes y las personas con discapacidad, ampliando esta bonificación en el caso de ser mujer. Apoyo la necesidad de una modificación de la legislación laboral que no ponga el acento en la regulación del despido, sino en favorecer la flexibilidad interna de las empresas con problemas económicos para evitar que el ajuste se haga sobre el empleo, en fórmulas de contratación que disminuyan la temporalidad en el mercado laboral y en bonificaciones para la contratación de integrantes de colectivos en paro con dificultades de empleabilidad. Sería deseable que la tramitación como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados permita mejorar el texto, consensuando una nueva ley laboral que acierte con las medidas precisas para favorecer el empleo y que no centre las discusiones unilateralmente en la regulación del despido. Pero afirmo también que estas y otras medidas son claramente insuficientes. Sin un cambio de modelo económico, diversificando la economía, mejorando la formación, aumentando el peso de los sectores tecnológicos e incrementando la productividad, difícilmente saldremos del actual y profundo pozo y de sus terribles consecuencias en forma de paro y destrucción de empresas.

Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.