Paso atrás en la educación de adultos

La noticia de la reducción de plantilla de los centros de Educación de Adultos y la suspensión de varios cursos de su oferta formativa autorizada es, sin duda alguna, un importante paso atrás para una parcela de la Educación en Canarias que había logrado importantes avances gracias al empeño y profesionalidad de los que trabajan en la misma. Es lamentable comprobar cómo, poco a poco y, a mi juicio, a raíz de haber puesto juntas a la Dirección General de Educación de Adultos y la Dirección General de Formación Profesional, la Educación de las Personas Adultas ha ido perdiendo fuerza porque en la Consejería de Educación no se ha sabido desarrollar adecuadamente la Ley de Educación de Adultos publicada en Abril de 2003. Una Ley llamada a beneficiar a una gran cantidad de personas en Canarias. Una Ley que se refiere a la totalidad de las actividades educativas y formativas desarrolladas en Canarias que tengan como destinatarios a las personas mayores de dieciocho años, sean promovidas por instituciones o entidades públicas o privadas, así como las que puedan realizar las personas adultas a través del autoaprendizaje y que tengan por finalidad adquirir, actualizar o ampliar sus capacidades y conocimientos para su desarrollo personal, social o profesional. Este ámbito de la Ley es de suma importancia porque permitiría coordinar los esfuerzos y recursos disponibles para la formación de las personas adultas actualmente dispersos, y permitiría además validar los conocimientos formales e informales adquiridos por las personas adultas con lo que ello lleva de positivo de cara al perfeccionamiento y promoción personal y laboral de muchas personas. Esta cuestión queda aún más patente cuando vemos que entre los fines de esta Ley están los de ordenar todo el conjunto de enseñanzas y actividades educativas en el marco de la educación de adultos, contribuir al desarrollo social, cultural y económico, impulsar la cooperación entre las instituciones y entidades públicas y privadas y facilitar la coordinación entre ellas y consolidar y mejorar la red pública de Educación y Formación Permanente de Personas Adultas. A la hora de uno explicarse este paso atrás para la Educación de Adultos, habrá que preguntarse si la razón radica en una falta de capacidad para desarrollarla o una nula voluntad política para llevarla a cabo influida por el nulo conocimiento que muchos responsables de la Consejería tienen de lo que significa hoy en día el reto del aprendizaje permanente en unos momentos en los que es indudable que estamos evolucionando hacia una sociedad y una economía basadas en el conocimiento. Ahora más que nunca, el acceso a información y a conocimientos actualizados, unido a la motivación y a la cualificación para usar de modo inteligente esos recursos individualmente y en relación con el conjunto de la comunidad, se está convirtiendo en la clave para reforzar la competitividad y mejorar la capacidad de inserción profesional y la adaptabilidad de la mano de obra. Los que hemos trabajado durante más de cuarenta años en el campo de la Educación de Adultos, tenemos que mostrar nuestra preocupación por esta circunstancia aunque ya no estemos ejerciendo, pero el no estar activo no quiere decir que se deje de ser profesional y, como profesional de la Educación de Adultos, creo que hay que decir que la reivindicación del profesorado de los distintos Centros de Educación de las Personas Adultas y Centros de Educación a distancia, va más allá de una reivindicación profesional para enmarcarse en una reivindicación social puesto que es a toda la sociedad adulta de Canarias a la que puede afectar estos recortes anunciados impidiendo así cumplir con una Ley que tiene como principios la igualdad en el acceso a un aprendizaje permanente y eficaz, el desarrollo de políticas educativas, formativas y acciones contra todo tipo de discriminación y exclusión, el autoaprendizaje como estrategia metodológica y organizativa, la libertad de elección de itinerarios individualizados de aprendizajes abiertos y compatibles con las actividades familiares, sociales y laborales, la potenciación de la educación a distancia y la validación y acreditación de aprendizajes no formales e informales. Si a esto unimos que entre sus objetivos están los de garantizar y acercar de modo permanente a las personas adultas la posibilidad de adquirir y actualizar, completar o ampliar una formación de calidad, posibilitar a las personas adultas el acceso a todo tipo de formación, desarrollar ofertas formativas específicas, fomentar el uso de las nuevas tecnologías, impulsar actuaciones encaminadas a la formación y la educación familiar y fomentar las actividades de promoción de la Salud, entre otros, es fácil entender que los que conocemos el amplio contenido de esta Ley estemos preocupados por los recortes que se pretenden hacer, propiciados por quienes no han sabido ver toda la dimensión que tiene la Educación de las personas adultas.