
MASPALOMAS AHORA.- El alcalde de Mogán, Francisco González, dijo hoy poder probar que "estaba previsto" que las detenciones del Caso Góndola, que le afectaron a él, a otras cuatro personas vinculadas al Ayuntamiento y a dos empresarios, fueran "la segunda quincena de enero", antes de los comicios, para dañar al PP.
Así lo manifestó González en una rueda de prensa en la que, sin desvelar, según dijo, aspectos del secreto de sumario decretado en este caso, relacionado con una presunta corrupción urbanística, exhibió facturas, convenios y acuerdos plenarios para avalar la legalidad de las actuaciones desarrolladas en los últimos meses por el Ayuntamiento que dirige.
El primer edil rebatió con esos documentos numerosos artículos aparecidos en periódicos canarios en los últimos meses sobre su participación en el caso.
González, imputado con seis cargos en este caso, afirmó que todos esos acuerdos "se han ajustado a la estricta legalidad", si bien afirmó que el Ayuntamiento "ha podido cometer 20.000 errores" que no son constitutivos de delito, por lo que "no pueden ser merecedores del espectáculo montado por la Unidad de Investigación dirigida por el jefe superior" de Policía de Canarias, Narciso Ortega.
El alcalde aseguró que las denuncias de dos ex miembros del grupo de gobierno del PP en Mogán que dieron lugar a este caso tuvieron un interés "estrictamente político" y fueron correspondidas por una serie de medidas "desproporcionadas" que el Ayuntamiento denunciará si estimas que con ellas se han cometido "irregularidades".
González se refirió así a las detenciones practicadas en este caso, que, según dijo, "fueron ordenadas por la Policía", ya que "no hay un auto de un juez" que lo haya indicado.
"El juez sólo ha ordenado los registros" y "la policía me ha detenido cuando le ha dado la gana, aseveró, al tiempo que destacó que entró "en comisaría con nueve delitos" y llegó "a los juzgados con seis", por lo que dedujo que "quien me los puso y me los quitó fue la Policía, no el Juzgado".
Además, reiteró que fue advertido "una semana antes por un miembro del comité local" del PP en Mogán, cuyo nombre no quiso desvelar, de que iba a ser detenido, una cuestión de la que, según dijo, sólo informó a su mujer y no al presidente del partido en Canarias, José Manuel Soria, ya que no le dio importancia.
Francisco González agregó que el objeto de la denuncia presentada por las concejales "tránsfugas" fue "la excusa perfecta para que la Policía pinchara los teléfonos de un alcalde y un grupo de gobierno del PP", quienes se convirtieron así en "objetivo prioritario para desmantelar al partido en Canarias".
Tras arremeter contra los "despropósitos y disparates" que se han publicado en las últimas semanas, González vaticinó que "de aquí a las elecciones intentarán divulgar, a través de los medios de comunicación, nuevos infundios" que enmarcó en una campaña que pretende desprestigiar al partido y que parte del "interés de la Policía en "detener al alcalde de Mogán, donde las encuestas daban una mayoría absoluta clara" y, así, "ir a por" José Manuel Soria.
Parte de los delitos que se investigan en el Caso Góndola fueron presuntamente cometidos en la firma de un convenio del Ayuntamiento de Mogán con la empresa promotora Anfi-Tauro, perteneciente a un grupo internacional que promueve complejos turísticos y propiedades de lujo en la costa suroeste de Gran Canaria.
Las presuntas irregularidades urbanísticas en la firma del convenio fueron denunciadas en junio en la Fiscalía Anticorrupción por dos concejalas del PP, hoy en Nueva Canarias, que sostenían que el convenio firmado con la promotora turística Anfi-Tauro establecía compensar al consistorio con tres parcelas que no han revertido al patrimonio público.
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