Giro liberal y crisis (y 2)

En un primer artículo critiqué el giro liberal en la política frente a la crisis que se había acordado en la cumbre de la Unión Europea de principios de mayo, tras las dificultades de Grecia y los ataques a la deuda soberana de algunos otros países de la zona euro. Señalé que el ajuste duro del gasto público impuesto a todos los países iría en detrimento del crecimiento económico. En esta segunda entrega quiero analizar cómo se debe tratar el ajuste del déficit público para que no suponga sacrificar la recuperación generando más desempleo. En mi opinión, la reciente reunión del G-20 en Toronto ha supuesto el fin de la coordinación de la política de estímulos fiscales de todos los países frente a la crisis mantenida en las tres cumbres anteriores. Más allá de su declaración final, que busca contentar a todos, la realidad es que la política liberal de recorte urgente del déficit público se ha impuesto como prioridad frente al mantenimiento de los apoyos públicos al crecimiento. Las economías avanzadas se han comprometido “a reducir los déficit públicos al menos a la mitad en 2013 y a estabilizar o reducir el nivel de deuda pública sobre el PIB en 2016”, medidas que deben ajustarse “a las condiciones de cada país”. Los gobiernos conservadores que hoy dirigen la UE, con Alemania al frente, respaldados por Canadá y Japón, han impuesto sus tesis a Obama, que contó con el apoyo de algunos países emergentes, partidarios de salvaguardar la incipiente recuperación mundial manteniendo las políticas expansivas de la demanda. Sorprende la repentina obsesión europea por el déficit cuando el estancamiento económico es mayor que en EEUU y cuando el déficit norteamericano en 2009 (más del 11% del PIB) y su deuda (en torno al 90%) es muy superior a la media de la UE en estos dos parámetros (6,8% y 73,6% en 2009, respectivamente) e incluso mayor que los valores de España (11,2% y 53,2%). Es bueno recordar que el déficit público no ha sido la causa de la crisis, provocada por la desregulación del sistema financiero y sus “malas prácticas”, sino su consecuencia. El déficit lo ha generado la crisis al producir una brutal caída de los ingresos y, también, un aumento del gasto para permitir el rescate bancario, el estímulo de la actividad económica desde los Estados y las prestaciones por desempleo. Cómo hacerlo No niego la necesidad de la disminución del déficit público en estados como España, pero la discusión está situada en cómo hay que hacerlo- sobre qué gastos reducir y qué ingresos incrementar- y con qué ritmo. Un ritmo menor en la reducción de los desequilibrios presupuestarios permitiría compaginarlo con la recuperación del crecimiento económico como defiende, entre otros, el propio Obama. Sin crecimiento no hay incremento de los ingresos públicos. Y sin incrementar los ingresos el déficit no se puede reducir de forma sostenible sólo dando cada vez mayores mordidas a los gastos. Prolongar en el tiempo el ritmo del ajuste del déficit y hacerlo compatible con la recuperación minimiza los impactos negativos que produce en términos de mayor desempleo y descohesión social, sobre todo si se terminan reduciendo los gastos para la protección social y, de manera especial, la reducción drástica de la inversión pública cuando la privada se encuentra bajo mínimos. Este tipo de gastos deberían ser, en mi opinion, intocables. La obcecación de Alemania -con sólo un 3,3% de déficit en 2009- aceptada por el resto de la Unión, para obligar a todos los países europeos a que estén en un déficit del 3% en el año 2013 es una decisión política y no deriva de ninguna regla económica “neutral”. Obama, por ejemplo, habla de un horizonte del 2015 para reequilibrar las cuentas públicas. Es cierto que son determinados países europeos y por extensión el euro los atacados por los famosos “mercados financieros”, pero puesto en marcha ya los mecanismos comunes de defensa de la deuda soberana en euros, el ritmo de ajuste del déficit podría atemperarse. En Europa se arguye que los “mercados financieros” no lo admitirían, actuando algunos gobiernos como oráculos de aquellos, pero como bien comenta Krugman en relación a este tema: “el miedo a las amenazas imaginarias obstaculiza cualquier respuesta eficaz al peligro real al que se enfrenta nuestra economía”. El otro asunto relevante es cómo se reduce el déficit. La mayor parte de los programas de ajuste aprobados por los gobiernos europeos se centran en dar tijeretazos al capítulo de los gastos y muy poco o nada se hace por incrementar los ingresos. De hecho un ejemplo de esta orientación la tenemos en las medidas de ajuste anunciadas por Zapatero el 12 de mayo, dos días después de regresar de la Cumbre Europea, recogidas en el Real-Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, que se atreve incluso a congelar las pensiones vulnerando el consenso establecido en el Pacto de Toledo. Presión fiscal En el actual contexto la lucha contra el déficit debe conllevar también medidas destinadas a incrementar los ingresos. En el caso de España, el plan de ajuste aprobado por el Gobierno de Zapatero adolece de medidas destinadas a aumentar algunos impuestos directos, además de la ya prevista subida de los tipos del IVA del 16% al 18% que se ha iniciado el 1 de julio, recogida en la Ley de Presupuestos de 2010. En primer lugar, se deben adoptar medidas para aumentar la presión fiscal sobre grupos sociales y económicos que notoriamente escapan a la fiscalidad y fomentar una política decidida de lucha contra el enorme fraude fiscal y la economía sumergida, que en el caso de España duplica la europea (24% frente al 12%). Algunos tipos de fraude son los que permiten las mayores injusticias en el tratamiento fiscal de las rentas. También se deben incrementar los impuestos directos para las rentas más altas y especialmente para los enormes beneficios bancarios, así como para los grandes patrimonios y fortunas. El incremento de la recaudación a través de la imposición directa no sólo tiene un valor económico sino es igualmente importante para introducir criterios de equidad en el reparto de los costes de la crisis. La percepción social dominante es de injusticia en el reparto de los sacrificios y esto genera desafecto hacia las instituciones democráticas que son vistas a menudo como demasiado permeables a los intereses de los grandes bancos y de los sectores económicamente más poderosos. Porque lo que subleva a la ciudadanía es que los mayores beneficiarios de las ayudas de los gobiernos en los dos últimos años de crisis, especialmente el sector financiero, sea quienes ahora más denuncien los “insostenibles déficit públicos” de los estados y clamen por su urgente reducción. Paradójicamente, los que provocaron la crisis y se han beneficiado de ella son los que marcan la agenda política a los gobiernos democráticos.

Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.