Falsa participación

El Parlamento de Canarias se cubrió de gloria, una vez más, con dos actuaciones distintas –la presentación de conclusiones de la comisión de menores desaparecidos y la aprobacion de la Ley de Participación Ciudadana- que muestran que trabaja en una dirección que poco tiene que ver con la búsqueda de soluciones a los auténticos problemas de la gente de esta tierra; que se encuentra de espaldas a la dramática realidad que representan las elevadas cifras de desempleo, el crecimiento de la pobreza y el deterioro de los servicios públicos. Respecto a la presentación de las conclusiones de la oportunista, inmoral e irresponsable comisión de investigación sobre niños desaparecidos, impulsada por ATI-CC y el PP, hay que recordar que se puso en marcha con el poco disimulado interés de coadyuvar a justificar la implantación de la policía autonómica. Curiosa y casualmente el informe de esta comision –en la que no participaron las fuerzas de seguridad del Estado, las que conocen la verdadera dimensión del problema y las que tienen responsabilidades en tratar de resolver estos casos- se emite al tiempo que se inicia el despliegue de los primeros efectivos de la policía canaria. Tal vez deberían haber desarrollado similares esfuerzos para investigar en profundidad por qué somos la Comunidad en la que peor se está aplicando la Ley de la Dependencia que, además de mantener a más de 19.000 afectados esperando por las ayudas a las que tienen derecho, provocará que el Archipiélago reciba menos fondos para su financiación ya que se han modificado los criterios de reparto incrementando el peso de las personas efectivamente atendidas. O en analizar con sosiego y rigor las razones profundas de formar parte del pelotón de cabeza en fracaso y abandono escolar. O el peor nivel de satisfacción de los ciudadanos con la sanidad. Vida sociopolítica Otro tanto sucede con la aprobación de la la Ley de Participación Ciudadana, que no supondrá un incremento de la democratización y la implicación de los canarios en la vida sociopolítica del Archipiélago, dado que ha sido elaborada como un gesto del Ejecutivo de ATI-CC y PP de cara a la galería. Resulta cuanto menos paradójico que intenten colgarse galones de potenciación de la participación ciudadana quienes, como este Gobierno de Rivero y Soria, han desarrollado una brillante hoja de servicios justo en sentido contrario. Porque este Ejecutivo y los grupos parlamentarios que le apoyan se caracterizan, precisamente, por colocar todo tipo de obstáculos a la participación de la ciudadanía, de lo que hemos podido ver reiterados ejemplos en esta legislatura para el olvido. Ocurrió así cuando los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno decidieron que no se tomara en consideración la iniciativa legislativa popular presentada por Ben Magec en torno al freno al crecimiento de la planta alojativa turística. Una propuesta ecologista, avalada con las firmas de más de 45.000 ciudadanos y ciudadanas de Canarias que sufrieron el desprecio de la institución que los representa. Como tampoco es un edificante ejemplo de cómo se favorece la participación ciudadana el modo y manera en que se modificó el catálogo canario de especies protegidas. En este asunto, el Gobierno eiudió los informes técnicos -entre otros, de los técnicos de la propia Consejería de Medioambiente, que fueron uno de los sectores que más criticaron el nuevo catálogo- e hizo caso omiso de los informes contrarios de la comunidad científica, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de las universidades canarias, de cuatro de los siete cabildos insulares y de numerosos ayuntamientos. Asimismo, no hay que olvidar la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes para la Ordenación Territorial llevada a cabo sólo con los apoyos de ATI-CC y PP -cuando hasta ahora toda la legislación vinculada con el territorio siempre había sido aprobada por unanimidad parlamentaria-, a pesar de la gran contestación social e institucional que levantó esta regresiva ley. Ley electoral Además, uno de los ejemplos más evidentes de cómo este Gobierno entiende la participación ciudadana es su posicionamiento ante la imprescindible reforma del sistema electoral canario. Sólo en las elecciones de 2007 un 18% de los electores vio como su voto no sirvió para ampliar la composición de la Cámara canaria, debido a las barreras electorales más altas del mundo, algo que genera desafecto entre los ciudadanos y el sentimiento de que ejercer este derecho no tiene ninguna utilidad. Sin duda, una de las mejores maneras de lograr una sociedad más participativa sería reformar la injusta y poco democrática ley electoral canaria que impide a cientos de miles de ciudadanos que ejercen su derecho al sufragio que sus opciones políticas tengan representación en el Parlamento. Porque no se trata, como es práctica habitual de este Gobierno de las dos derechas canarias, de persistir en el mantenimiento de un auténtico abismo entre sus efectistas declaraciones a favor de la participación ciudadana y su práctica, bien distinta, absolutamente contraria, de imponer su criterio y decidir de forma unilateral y sin el menor consenso. Así como de despreciar la voluntad expresada en las urnas por más de 150.000 canarios. Por todo ello, porque le retratan sus reiteradas actuaciones a lo largo de toda la legislatura, su propagandística apuesta por la participación ciudadana no tiene la menor credibilidad.

Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.