El Parlamento aprueba la ley de participación ciudadana

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la ley de participación ciudadana, con los votos a favor de los grupos Coalición Canaria y Popular, mientras que el Socialista se abstuvo. El objeto de esta ley es fomentar la participación ciudadana, tanto de forma individual como colectiva, en la actividad administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en la vida económica, política, cultural y social. El diputado socialista Santiago Pérez dijo que para llegar a acuerdos es preciso establecer reglas confiables, como que quienes gobiernan proyecten información objetiva a los ciudadanos, algo que aseguró que no se produce. No se trata de mejorar las leyes sino de aplicarlas, para lo que se requiere voluntad política, insistió el diputado del grupo Socialista, que mantuvo once enmiendas para el pleno de la Cámara. Santiago Pérez dijo que la participación ciudadana no es un derecho fundamental y añadió que en el proyecto aprobado hoy se vulneran derechos como el de participación política porque se restringe. También criticó Santiago Pérez que algunos artículos son contradictorios y controladores de la participación ciudadana, a la vez que afirmó que se hace propaganda. María del Mar Arévalo, del grupo Popular, acusó a Santiago Pérez de empecinarse en ir contra el proyecto de ley y de tal vez importarle muy poco los ciudadanos, así como de no leer el texto. La diputada del grupo Popular aseguró que esta ley presenta muchas más ventajas que inconvenientes y con ella el Gobierno regional se compromete a someterse al examen de los ciudadanos mucho más allá de los períodos electorales. María del Mar Arévalo afirmó que las críticas del diputado socialista son fábulas y añadió que Santiago Pérez ha perdido una oportunidad de trabajar para mejorar el texto. La diputada de Coalición Canaria Nuria Herrera también acusó al PSC-PSOE de no colaborar en mejorar el texto y negó que regule los referéndum, como dice el PSC que se podrá hacer mediante esta ley. Nuria Herrera dijo que la ley es un punto y seguido para fortalecer la democracia participativa y por ello opinó que debería aprobarse por unanimidad. La diputada nacionalista opinó que Santiago Pérez confunde los ámbitos de participación que tienen los ciudadanos. Esta ley tiene como finalidades fomentar medidas que impulsen la participación ciudadana, profundizar el acercamiento de las instituciones públicas canarias a los ciudadanos, garantizar a la ciudadanía la información en los procedimientos que promuevan y establecer mecanismos de evaluación de las políticas públicas. También tiene como finalidad fomentar la vida asociativa en Canarias y desarrollar instrumentos de participación ciudadana. La administración canaria adecuará sus estructuras administrativas para que el derecho de participación ciudadana pueda ser ejercido, tanto individual como colectivamente, de forma real y efectiva, y promoverá la creación de códigos de buen gobierno, donde se contendrán los principios éticos y de conducta necesarios para que el personal a su servicio garantice el ejercicio del derecho de participación ciudadana. Las administraciones públicas garantizarán a los ciudadanos el derecho a la información sobre el ejercicio de sus competencias y sobre aquellas cuestiones que sean de especial interés. En esta ley se señala también que para la participación ciudadana la información se prestará de manera preferente por internet por medio de los portales institucionales, mediante vínculos web, estableciendo cauces de relación directa con la ciudadanía y viceversa. Los portales institucionales establecerán cauces de relación directa con la ciudadanía que, previo suministro de la información veraz y suficiente que se considere, permita obtener a través de los mismos información para las administraciones públicas y para los organismos e instituciones de ella dependientes con el fin de adecuar el diseño de las políticas públicas a las demandas o inquietudes de la ciudadanía. La información se clasificará en general, especializada y particular, distribuida en áreas en función de las materias susceptibles de consulta e información. Cuando la información al ciudadano se refiera a los datos de carácter personal que afecten de alguna forma a la intimidad de las personas físicas, la información se proporcionará con las limitaciones y en los términos establecidos en la legislación.