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Gran Canaria insta a revisar la cuantía de las ayudas por el incendio de 2007

Viernes, 28 de Mayo de 2010
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El Cabildo de Gran Canaria instará al Gobierno de España a acometer "un procedimiento urgente y exhaustivo de revisión de todas las solicitudes de ayudas económicas" para reparar daños en viviendas debidos al importante incendio forestal ocurrido en 2007 en la isla, acordó este viernes en su Pleno. Comprobar si las cuantías de las ayudas dadas por el Ejecutivo se corresponden con los criterios establecidos a tal fin en el decreto que las reguló, algo que el Partido Popular sostiene que no se ha hecho y que ha supuesto para varios damnificados conseguir la mitad o menos del dinero al que tendrían derecho, será el fin de ese proceso, que se acordó solicitar por unanimidad del Pleno. Éste adoptó dicha decisión a iniciativa del Grupo Popular, que planteó una moción proponiendo dirigirse al Gobierno estatal para acometer revisar las ayudas con el argumento de que aquél calculó la cantidad a otorgar a cada afectado a partir de la tasación que hizo de los daños el Consorcio Compensatorio de Seguros y no de la que se efectuó desde la Comunidad Autónoma, como establecía el decreto. Algo que ha perjudicado significativamente a los afectados, debido a que la tasación del Consorcio de Seguros "es muy inferior a la que hace el Gobierno de Canarias", explicó la consejera del PP Victoria Ponce, que presentó la moción ante el Pleno del Cabildo en una reunión ordinaria celebrada hoy. Como demostración de sus afirmaciones, se refirió al que dijo es "el caso real de un afectado" que vio cómo el volumen de la compensación a recibir por las pérdidas que el "terrible incendio" dejó en su vivienda se reducía a la mitad, de los 118.000 euros en que las habían tasado en Canarias a los sólo 57.896 euros en que las fijó el Consorcio de Seguros. En ese caso concreto, dijo que, como el Gobierno español se comprometió a complementar con sus fondos la parte de las compensaciones de daños que no abonara la Comunidad Autónoma, el afectado vio reducirse en más de 60.000 euros la cuantía de la ayuda que esperaba. Ello se debió a que el Gobierno canario le concedió 54.000 euros a cuenta de los 118.000 que el damnificado pensaba recibir en total, pero el español luego, calculando con las cifras del Consorcio de Seguros, le abonó sólo algo más de 3.000 euros, justificándose señalando que era la cantidad que restaba pagar, al ser la diferencia entre esos 54.000 y los 57.896 de la segunda tasación. Lo cual implica que "el Gobierno de España no ha cumplido con lo establecido en el decreto" que regía las ayudas en ése y otros casos, sostuvo Victoria Ponce. La consejera popular opinó, además, que esa actuación del Ejecutivo nacional se enmarca en una política con la que aseguró que "ha tratado de no aprobar el mayor número de subvenciones posible" ante las solicitudes de los afectados por el incendio de 2007 en Gran Canaria, al tiempo que "ha tratado que las sí aprobadas tuvieran la menor cuantía posible", con la meta de ahorrarse dinero. Todo ello en un contexto en que consideró que todo el asunto se ha gestionado mal desde la Administración central, señalando como ejemplo de ello que "la actuación de la Delegación del Gobierno en Canarias en esta materia ha sido penosa". Sus críticas fueron rechazadas por los representantes del grupo de gobierno del Cabildo, integrado por los consejeros del Partido Socialista Canario-PSOE y Nueva Canarias, si bien la propuesta en sí planteada en la moción, que Victoria Ponce insistió en que formuló por escrito "de forma aséptica y objetiva", fue respaldada al final por todos los miembros del Pleno en favor de los afectados
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