El Gobierno y las corporaciones buscarán un acuerdo al margen de los tribunales

El Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos han coincidido en que sus diferencias sobre el reparto de los ingresos por el Régimen Económico y Fiscal (REF) deben resolverse mediante un acuerdo político, al margen de los tribunales, y se han dado de plazo hasta el 30 de junio para buscar una solución. Los miembros de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) se reunieron con el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y varios consejeros para tratar de desbloquear el contencioso respecto a la liquidación de los recursos del REF de 2009. Junto a Rivero, estuvieron el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, y el consejero de Empleo, Industria y Comercio, Jorge Rodríguez. Las corporaciones locales reclaman 75 millones de euros, una cantidad que según el Ejecutivo canario corresponde a la Comunidad Autónoma, pero todos mostraron su disposición a llegar a un acuerdo. Todas las partes cuentan con dictámenes jurídicos que les dan la razón, pero, según subrayó Paulino Rivero, este asunto debe resolverse mediante un acuerdo político porque el problema de fondo es la insuficiencia financiera de todas las administraciones: "A todos nos sobra voluntad y nos falta dinero", resumió el presidente. De momento, se ha acordado solicitar un dictamen al Consejo Consultivo sobre el aspecto jurídico del contencioso y a la vez crear una comisión técnica para tratar de acercar las posiciones y alcanzar un acuerdo antes del 30 de junio. La ley de financiación de las administraciones locales establece un reparto de los tributos del REF de 58 por ciento para las corporaciones insulares y locales y de 42 por ciento para la Comunidad Autónoma. Pero también incluye una disposición transitoria que establece que los recursos de los cabildos y ayuntamientos no serán inferiores a los de 2002, de manera que les corresponderían 75 millones más de la liquidación de 2009, pero el Gobierno canario interpreta que esa previsión era válida para 2003, no indefinidamente. Mientras el Consejo Consultivo se pronuncia sobre este aspecto, tras el dictamen solicitado por el Gobierno, las partes han creado una comisión para identificar aquellas áreas en las que haya evidentes concurrencias de competencias y asignárselas a una sola administración. También se acordó revisar el porcentaje de la recaudación del REF que la Consejería de Economía y Hacienda retiene por gastos de gestión, que alcanza el 5,2 por ciento y los cabildos y ayuntamientos quieren reducir al 3,5 por ciento, una diferencia equivalente a 12 millones de euros anuales. Otro acuerdo fue que el Gobierno de Canarias facilitará a las corporaciones información actualizada sobre la evolución de la recaudación por tributos del REF. El presidente del Gobierno de Canarias dijo que al margen de las interpretaciones jurídicas, el problema es la insuficiencia financiera que tienen todas las administraciones por las caída de ingresos, y por eso hay que resolverlo con acuerdos políticos, no con recursos a los tribunales que perjudicarían a todas las partes y especialmente a los ciudadanos. Los informes jurídicos y el próximo dictamen del Consejo Consultivo sirven para ver "dónde está cada uno", pero la solución debe llegar por un acuerdo político, subrayó. Rivero se mostró dispuesto a que en el futuro se pueda revisar el porcentaje de reparto del REF entre la Comunidad Autónoma y las corporaciones locales, pero eso será a partir de que se concluyan los trabajos de reasignación de competencias fruto de la segunda descentralización administrativa en la que trabaja el Ejecutivo. El presidente también mostró su compromiso a contestar en dos semanas a la petición de las administraciones insulares y locales para que, en tanto no se alcance un acuerdo, no se les apliquen las retenciones en 2010 sobre los ingresos del REF en la parte que corresponde a este contencioso, unos 19 millones de euros. El presidente de turno la Fecai, Pedro San Ginés, defendió el diálogo, porque "en los tiempos que corren es mejor un mal acuerdo que un buen pleito", y señaló que de momento los cabildos han decidido posponer su advertencia de que irían a los tribunales para defender su posición. El presidente de la Fecam, Lázaro Brito, también consideró importante apostar por el diálogo y renunciar a los tribunales para resolver las diferencias entre las administraciones. Brito reconoció la posición "más conciliadora" de Rivero frente a la mantenida por el consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria. Admitió que será difícil que municipios y cabildos consigan la totalidad de los 75 millones de euros que reclaman, pero apuntó que pueden buscarse fórmulas de compensación, como un cambio en el porcentaje de reparto de los recursos a favor de las administraciones insulares y locales.