La Comunidad Autónoma de Canarias es la quinta región española con menos cargos públicos, al contabilizar un total de 130 puestos, mientras que la mayoría de las comunidades autónomas no se plantean realizar a corto plazo un recorte de altos cargos como ha hecho y les ha pedido el Gobierno central, ya que argumentan que ya hicieron ajustes similares en el pasado, aunque hay otras que, o bien están estudiando la posibilidad, como Cantabria, o bien consideran que sus ejecutivos ya son suficientemente austeros, como es el caso de Asturias.
La mayoría de las comunidades autónomas no se plantean realizar a corto plazo un recorte de altos cargos como ha hecho y les ha pedido el Gobierno central, ya que argumentan que ya hicieron ajustes similares en el pasado, aunque hay otras que, o bien están estudiando la posibilidad, como Cantabria, o bien consideran que sus ejecutivos ya son suficientemente austeros, como es el caso de Asturias.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado la supresión de un total de 32 altos cargos de la Administración y 29 empresas públicas de las 106 con participación mayoritaria del Estado en el marco del plan de racionalización del sector público que se incluye en el plan de austeridad para reducir el déficit a niveles más cercanos al 3 por ciento.
En la rueda de prensa en la que se anunciaron estas medidas, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, indicó que el Ejecutivo en ningún caso va a "forzar" a comunidades autónomas y ayuntamientos a llevar a cabo recortes parecidos, ya que ello supondría "inmiscuirse" en sus competencias.
Por el momento, las autonomías no parecen muy dispuestas a seguir al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, bien por considerar que no es necesario o porque argumentan que ya han tomado medidas al respecto en esta legislatura.
Sólo Extremadura y Murcia han coincido en el tiempo con el Gobierno en medidas de este tipo. La primera anunció en marzo un recorte de un 10 por ciento tanto en el número de altos cargos como el de personal eventual, lo que se traduciría en prescindir de ocho altos cargos y de 16 trabajadores que tienen la consideración de personal eventual, mientras que la segunda hizo pública esta misma semana un nuevo plan de austeridad centrado en las políticas de personal con la previsión de ahorrar 25 millones de euros al año.
Por su parte, el Gobierno cántabro ha señalado también esta semana que está analizando la posibilidad de hacer "algún ajuste" de gasto en altos cargos de la administración, pero no adelantó a cuántos podría afectar y cuál sería el ahorro.








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