No es el camino correcto

Hemos leído en un periódico local que el Presidente del Gobierno de Canarias "solicitó a la Ministra Trinidad Jiménez aproximar y homologar la atención a la dependencia en Canarias, que actualmente presta servicio a 40.000 personas, al sistema nacional de dependencia de tal forma que, al proyectar los datos, no estemos tan mal reflejados ya que no se tienen en cuenta las prestaciones que hacemos a través de Cabildos y Ayuntamientos en Canarias". Desconocemos si lo entrecomillado responde realmente a cómo se ha hecho tal solicitud. Si así fuera, y no tenemos por qué dudar de la información ofrecida, nos parece que el Gobierno de Canarias, a través de su Presidente, se sigue equivocando de camino a la hora de poner en práctica la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia. Y eso por varios motivos: Los actuales Planes Sectoriales, que el Estado, el Gobierno de Canarias, con los Cabildos y Ayuntamientos, han venido financiando desde hace muchos años a través del Plan Concertado y otros recursos propios, es un error confundirlos con la Carta de Servicios que oferta la mal llamada Ley de Dependencia. Esta información errónea o al menos sesgada que ha ido ofreciendo la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, y ahora el Presidente del Gobierno, confunde más que clarifica. Por sólo apuntar una de las diferencias más profundas, esta Ley crea un derecho subjetivo exigible en los tribunales y los distintos planes sectoriales no. Para lo que prevé dicha Ley es obligatorio consignar su financiación en los presupuestos estatales y autonómicos y los Planes dependen del dinero disponible en cada momento. El camino para integrar la nueva Ley y los Planes Sectoriales no es, como dice el Presidente del Gobierno, "homologar y aproximar la atención a la dependencia en Canarias al sistema nacional de dependencia de tal forma que no estemos tan mal reflejados en los datos". Porque parece que lo que realmente preocupa es estar mal reflejados. El camino es, como han hecho otras Comunidades Autónomas, haber elaborado ya una nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias que, con la participación de todos los sectores implicados y un diagnóstico riguroso de nuestra situación, hubiera ordenado el Sistema Público de Servicios Sociales en las islas de forma que se unificara y priorizara la financiación, se coordinara la actuación de las distintas Administraciones Públicas, se homologara la Cartera de Servicios, se potenciara la actuación y las competencias de Ayuntamientos y Cabildos descentralizando la gestión y se reconociera y, por tanto, se incrementara la contratación de Trabajadores Sociales como los profesionales de referencia del Sistema. Y, en el ámbito estatal, el camino para ordenar realmente todo esto y lo que realmente podría afrontar la Ministra Trinidad Jiménez, es la elaboración y aprobación de una Ley Básica de Servicios Sociales a nivel estatal que garantizara unos niveles mínimos de prestaciones para toda la ciudadanía, viva donde viva, y que realmente sea el cuarto pilar del Estado del Bienestar, que algunos pretenden confundir con la actual Ley de Dependencia. Así evitaríamos el efecto perverso que se está dando de que se esté implantando el llamado "Sistema de la Dependencia" como un sistema paralelo al Sistema Público de Servicios Sociales, despilfarrando recursos, desorientando a los usuarios, privatizando lo público, etc. Lo que decimos no es, seguramente, lo políticamente correcto, pero sabemos que nuestro deber es hacer nuestra aportación para caminar hacia un modelo de Sistema Público de Servicios Sociales que realmente esté al servicio de la ciudadanía, especialmente la más necesitada, que cuente con su participación, que respete sus derechos y que no dependa de quien gobierne en cada momento. En este camino nos encontrarán siempre.

Domingo Viera, presidente del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y AASS de Las Palmas