El Gobierno fomentará la contratación de jóvenes con o sin cualificación

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha señalado que su Ejecutivo fomentará la contratación de jóvenes menores de 25 años, estableciendo para los no cualificados una ayuda de entre 600 y 700 euros para su contratación por un periodo de seis meses. Rivero ha informado de estas ayudas en una rueda de prensa que ha ofrecido junto a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la que ha informado también de que el Ejecutivo, en el caso de los jóvenes cualificados, abonará el cien por cien de las cuotas a la Seguridad Social a las empresas que los contraten. Esta ayuda se mantendrá al menos durante dos años para las empresas que contraten a jóvenes que hayan concluido la Formación Profesional o sean diplomados y licenciados, ha indicado Rivero, quien ha señalado que gran parte de su reunión con De la Vega se centró en el paro, que es el problema que más interesa "a la gente de Canarias y de España". Sobre los ajustes económicos que emprenderá el Gobierno canario, Rivero ha recordado que su Ejecutivo aplica medidas para reducir el gasto público desde 2008 y ha subrayado que Canarias es la quinta comunidad autónoma con menos altos cargos, un total de 128. Rivero ha considerado que es necesario abordar una reforma de la administración pública, en la que tanto De la Vega como él mismo han expresado su intención de colaborar. Una reforma que para Rivero no sólo se trata "de aquilatar el número de funcionarios, sino de tener una administración más eficiente y eficaz", que es aún más necesaria en una situación de crisis. El presidente canario ha indicado que se puede hacer un ajuste en las empresas públicas sobre el que ya está trabajando una comisión técnica, que elabora una propuesta para simplificar la administración canaria y que debe estar concluida el próximo mes de junio. También se ha referido al proceso de descentralización autonómica llevado a cabo en favor de los cabildos y ha señalado que queda pendiente un proceso de traslado de competencias a los ayuntamientos, aunque ha advertido que "cuanto más se acerca al ciudadano es más costosa", pero más "eficiente".