El Ayuntamiento de Santa Lucía tendrá que reponer al médico Pablo Rodríguez Monroy en el puesto de Jefe de Servicio de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo, del que fue despedido por decisión del alcalde, Silverio Matos, en diciembre de 2008.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias recientemente ha hecho pública la sentencia que desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Santa Lucía, contra la sentencia del Juzgado de primera instancia que en agosto del pasado año declaró ilegal el cese del facultativo, informó en un comunicado el sindicato UGT.
El fallo de la Sala considera que la decisión del Alcalde guarda relación con la actividad sindical del médico municipal, y que la Administración no ha demostrado que la plaza que ocupaba y las funciones que realizaba no fuesen necesarias.
El Ayuntamiento de Santa Lucía no sólo incurrió en una "grave" lesión del derecho a la Libertad Sindical, sino que además desmanteló el Servicio de Salud Pública de un Ayuntamiento que atiende a más de 65.000 ciudadanos, añade la nota.
En opinión del secretario General de UGT en Gran Canaria, Gustavo Santana, "esta sentencia no viene sino a confirmar, aún más si cabe, la situación de persecución sindical que están sufriendo muchos delegados de UGT en las Administraciones Públicas donde gobierna Nueva Canarias".








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