Mucho ruido causó el anuncio y publicación en el BOE del Real Decreto-ley, RDL, 1/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo. En el preámbulo se dice que “la Dirección General de Aviación Civil ha puesto de manifiesto que los actuales costes de navegación aérea de AENA son los más elevados del entorno europeo”. También se ha dejado caer desde círculos políticos gubernamentales, que los sueldos de los controladores aéreos tienen gran parte de la culpa. Y por eso, la Federación Española de Asociación de Agencias de Viajes y el Gobierno de Canarias, entre otros que dependen directa o indirectamente de la aviación comercial, se precipitaron en apoyo del Ministro Don José Blanco sin apenas tiempo para haberse leído e informado técnicamente del contenido de este texto legal, que ha recibido el rechazo casi unánime de los expertos aeronáuticos nacionales y europeos, no sólo de los sindicatos de controladores y pilotos más o menos sospechosos y acusados de ser unos chantajistas empeñados en hundir el turismo en Canarias. La “prueba del algodón” se verá en esta Semana Santa, dicen, si es verdad que hay prevista una huelga encubierta y no un desgobierno y mala planificación de AENA. ¿Otra cortina de humo?
La música del spot publicitario gubernamental sonaba bien al gran público, poco dado al análisis de los textos legales. Se le ofrecía en bandeja uno de los motivos ocultos de que sea negativo el ejemplar crecimiento económico español, envidia de Sarcozy, de Berlusconi y de la fracasada Merkel. Pero Blanco, Don José, no debiera olvidar que también sería agradable para bolsillos de los esquilmados contribuyentes que, puestos a ahorrar y sentar precedentes, los mismos políticos o asimilados que pastorean aquí, allá y acullá se bajaran el sueldo por otro RDL, albeando de paso las cuentas públicas al igual que el “blanqueo” blanquísimo que el ministro dice querer hacer con las desastrosas cuentas de AENA de los últimos años. Una vez más el papel y la propaganda mendaz lo soportan todo. Mucha matización cabe hacer analizando punto por punto qué cosas, quienes y porqué han generado los 12.000 millones de euros de déficit en AENA cuando antes no lo había y que, avanzo, no son los controladores tan denostados los culpables, cuyas suastanciosas retribuciones las pagan las compañías aéreas y no salen de los Presupuestos Generales del Estado. Pero esto se tratará en otra entrega.
De entrada sorprende que en el preámbulo de este RDL se diga que “por su parte, la Intervención General de la Administración del Estado viene poniendo de manifiesto desde el año 2002, en sus sucesivos informes de auditoria de cuentas, que los incrementos retributivos de los controladores al servicio de AENA se realizan sin las preceptivas autorizaciones”. Los juristas retorcerán lo que sea menester, pero esa afirmación suena a reconocimiento de un delito por saltarse esa empresa la ley de forma reiterada y sistemática. Pero como los directivos de estas empresas públicas son políticos o asimilados, ¡ancha es Castilla!
Para comenzar el análisis por el principio, recomendaría bajar de Internet la carta abierta que Don Manuel Cazorla Vidal dirige a los Diputados del Congreso con el título “Motivos para votar NO al RDL 1/2010”, donde desgrana sus argumentos técnicos, políticos y económicos por los que debieran oponerse a ella. Pero este loable intento de un no político sólo tendría sentido si no existiera la disciplina de voto porque, tal como está la cosa, ahora basta con que piense el portavoz del partido y el resto a pulsar el botón que le ordene quien manda de verdad sobre los tres poderes del estado, que desde que Alfonso Guerra los enterró, es uno solo.
El Ministro habló de abaratar los costes de navegación aérea por la vía de liberalizar la prestación, es decir permitir legalmente que pueda haber más proveedores de esos servicios de tránsito aéreo debidamente homologados. Les sonó bien esa declaración de intenciones a los que piensan, pensamos, que la libre competencia es lo más sano que se ha inventado para los intereses de los consumidores. Pero la primera pedrada, en la frente. El artículo 1.1 dice: “Los servicios de tránsito aéreo de control de área y control de aproximación, así como los de información de vuelo, de alerta y de asesoramiento asociados a los volúmenes de espacio aéreo en los que se prestan tales servicios, continuarán prestándose directamente por la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), como entidad designada para dicha función”. O sea, que de liberalizar en este campo, nada de nada. Todo quedó en una declaración solemne para un telediario, de una emisora amiga.
Pero como por otro lado hay que contentar a la Comunidad Autónoma más beligerante en estos asuntos, el RDL propone en su artículo 1.2: “Corresponde al Ministerio de Fomento designar, dentro de bloques específicos de espacio aéreo, a proveedores civiles de servicios de tránsito aéreo de aeródromo debidamente certificados por una Autoridad Nacional de Supervisión de la Unión Europea”. Dicho de forma picada y menuda, sólo se liberalizan los servicios de aeródromo cercanos a las taifas autonómicas, (torre, plataforma, guaguas, gestión de terminal, alquileres y concesiones aeroportuarias varias, etc.), lo que una vez transferidas las competencias a la comunidad autónoma, permitirá el “aterrizaje” de los afectos a su “nacionalismo” para controlar las adjudicaciones de los concursos. ¡Buen panorama nos ofrece el blanqueo del Sr. Blanco! Demuestra una vez más que no entenderá de las cosas técnicas de su departamento, pero que es catedrático en política partidista (en minúsculas).








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