Amplían el plazo para resolver las demandas por 752 millones de la moratoria

El Gobierno canario ha ampliado en tres meses el plazo para resolver las 54 reclamaciones presentadas por los empresarios y promotores afectados por la segunda moratoria turística para acogerse al artículo 17.1 de la Ley de Medidas Urgentes, que suman 752.105.896 euros según el Ejecutivo. La Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente regional fundamenta su decisión en el elevado número de reclamaciones y en la cantidad de documentación presentada, que hace "imposible" el cumplimiento del plazo establecido para su resolución con los medios personales disponibles, señala una orden de la Consejería del pasado 12 de febrero, facilitada hoy a Efe. Desde la Consejería sí se ha facilitado la cifra económica a la que ascienden estas reclamaciones, pero ha declinado hacer declaraciones sobre la citada orden por entender que es una cuestión técnica y que se produce para atender debidamente las peticiones planteadas, han indicado a Efe fuentes del citado departamento. Del total de las reclamaciones presentadas, la orden precisa que 51 proceden de la provincia de Las Palmas y 3 de la isla de Tenerife, con derechos urbanísticos en los municipios turísticos de Arona, Guía de Isora y Granadilla de Abona, situados en el sur de la isla. Gran Canaria concentra el mayor número de reclamaciones, 44, y están referidas a los municipios turísticos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, mientras que las siete restantes son de Puerto del Rosario y Pájara, en Fuerteventura; y de Yaiza y Teguise, en Lanzarote. Según ha manifestado a Efe el abogado David Sánchez Lanuza, experto en derecho urbanístico, la Consejería con esta decisión reconoce que está "desbordada" por el alto número de reclamaciones presentadas, al tiempo que ha advertido que si no se resuelven debidamente, los empresarios judializarán el problema, pues están abocados a ello. En su caso, representa los intereses de empresarios con suelo afectado tanto en Gran Canaria como en Lanzarote y Fuerteventura, que demandan un importe de 300 millones de euros, cifra que ha sido evaluada a partir de los criterios aplicados por los tribunales como consecuencia de la moratoria anterior y que son "más que sólidos" y han generado unas expectativas razonables a los afectados. Sánchez además ha criticado la actitud de la Consejería por solicitar excesiva información que ya le consta a la propia administración en sus archivos para cumplimentar las reclamaciones - que ahora se ve incapaz de tramitar-, con el ánimo de dilatar los procedimientos e intentar evitarlas mediante la exclusión por defectos formales ante la preocupación que les plantea el volumen económico al que hipotéticamente tendrá que hacer frente el Gobierno canario. Así mismo, ha manifestado que el Gobierno creó el artículo 17.1 de la Ley de Medidas Urgentes como un intento para "frenar la sangría" económica de las reclamaciones judiciales a las que dio origen la primera moratoria turística, de manera que la nueva ley permitiera la desclasificación del suelo, por lo que deberán ser indemnizados los propietarios afectados, o su expropiación, si el Ejecutivo considera que se dan las circunstancias que fija la norma. El presidente del Gobierno, Paulino Rivero, sin embargo, se ha mostrado convencido ante el Parlamento canario y ante el propio sector empresarial de que habrá acuerdos con los empresarios y promotores cuando se trate de reconvertir las plazas alojativas, y ha advertido de que si no lo hay expropiará, pero que nunca utilizará la vía de indemnizar. Para Sánchez Lanuza, es "difícil" que prospere la vía negociadora, pero entiende que, en cualquier caso, el Gobierno "tendrá que poner mucho dinero sobre la mesa", y dada la crisis no parece socialmente aceptable detraer fondos públicos para desclasificar un suelo que por las circunstancias del mercado no se va a construir. No obstante, la posibilidad de expropiación que baraja el Gobierno y que prevé la ley tampoco es una solución, porque de nuevo tendría que desembolsar una cifra muy elevada de dinero y porque carece de sentido que el Ejecutivo se quede con una bolsa tan grande de suelo, ha señalado el abogado. Para Sánchez Lanuza, el problema radica en que el Gobierno ha resuelto un problema coyuntural con una solución estructural que se ideó en un periodo de crecimiento económico, pero que se aplica en un momento de atonía inversora que ha motivado un mayor acogimiento a esta ley de lo que seguramente preveía. Según el experto, la Ley de Medidas Urgentes ha complicado los procedimientos para tratar de buscar una solución a los titulares de suelos urbanos o urbanizables con destino turísticos afectados por la moratoria turística, sin resolver "el problema de fondo".