Los propietarios y empleados del Centro Comercial Anexo de Playa del Inglés han iniciado los primeros actos de protesta contra el derribo de sus inmuebles con una recogida de firmas en contra de la Ley de Costas.
Casi un centenar de afectados se han congregado durante la mañana de este lunes a la entrada del centro comercial en el que mostraron consignas en contra de la aplicación "abusiva" de la ley.
El portavoz de la plataforma "Juntos podemos salvar el Anexo", Orlando Gamba, ha manifestado que los actos de protesta se desarrollan hasta el próximo jueves con el fin de recabar el mayor número de firmas en contra de este "atentado" de la Dirección de Costas.
Gamba ha lamentado que la información sobre su situación permanezca en el "limbo", ya que sólo conocen las noticias publicadas en los medios de comunicación o conversaciones "en los pasillos".
El portavoz de la plataforma quiere saber por qué pretenden derribar un centro comercial que posee todos los permisos "legales", se encuentra en espacio urbano y del que dependen diecisiete empresas y unos setecientos trabajadores.
En este sentido, ante el cambio de deslinde marítimo-terrestre trazado por costas, ha reclamado el derecho de los propietarios a permanecer mediante una concesión, al menos treinta años prorrogables por otros treinta.
Orlando Gamba ha recordado las declaraciones efectuadas durante el pasado mes de enero de 2008 por el ex director de costas y actual gerente del Consorcio de Rehabilitación Turística, José Fernández, quien aseguró: "ningún deslinde implica derribos, nosotros no echamos a nadie de su casa ni de su negocio".
Para los afectados, la aplicación de la Ley de Costas es "ilegal" según el Parlamento Europeo porque "no se puede aplicar con carácter retroactivo".
Por su parte, la Federación Empresarial Canaria de Ocio y Restaurantes (Fecao) se ha sumado a la concentración y anuncia el cierre de los negocios de la zona el próximo miércoles, de 10.00 a 12.00 horas, como señal de protesta.
La patronal, en aras de proteger los puestos de trabajos y la alternativa de ocio que suponen estos centros, ha considerado que la Dirección General de Costas "coacciona y obliga a todos los empresarios a no poder reformar el centro comercial, con el gran perjuicio económico y de imagen que afecta una zona de prestigio internacional".
Casi un centenar de afectados se han congregado durante la mañana de este lunes a la entrada del centro comercial en el que mostraron consignas en contra de la aplicación "abusiva" de la ley.
El portavoz de la plataforma "Juntos podemos salvar el Anexo", Orlando Gamba, ha manifestado que los actos de protesta se desarrollan hasta el próximo jueves con el fin de recabar el mayor número de firmas en contra de este "atentado" de la Dirección de Costas.
Gamba ha lamentado que la información sobre su situación permanezca en el "limbo", ya que sólo conocen las noticias publicadas en los medios de comunicación o conversaciones "en los pasillos".
El portavoz de la plataforma quiere saber por qué pretenden derribar un centro comercial que posee todos los permisos "legales", se encuentra en espacio urbano y del que dependen diecisiete empresas y unos setecientos trabajadores.
En este sentido, ante el cambio de deslinde marítimo-terrestre trazado por costas, ha reclamado el derecho de los propietarios a permanecer mediante una concesión, al menos treinta años prorrogables por otros treinta.
Orlando Gamba ha recordado las declaraciones efectuadas durante el pasado mes de enero de 2008 por el ex director de costas y actual gerente del Consorcio de Rehabilitación Turística, José Fernández, quien aseguró: "ningún deslinde implica derribos, nosotros no echamos a nadie de su casa ni de su negocio".
Para los afectados, la aplicación de la Ley de Costas es "ilegal" según el Parlamento Europeo porque "no se puede aplicar con carácter retroactivo".
Por su parte, la Federación Empresarial Canaria de Ocio y Restaurantes (Fecao) se ha sumado a la concentración y anuncia el cierre de los negocios de la zona el próximo miércoles, de 10.00 a 12.00 horas, como señal de protesta.
La patronal, en aras de proteger los puestos de trabajos y la alternativa de ocio que suponen estos centros, ha considerado que la Dirección General de Costas "coacciona y obliga a todos los empresarios a no poder reformar el centro comercial, con el gran perjuicio económico y de imagen que afecta una zona de prestigio internacional".
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