Ortega asegura que alguien ha mentido sobre el derribo del Anexo de Playa del Inglés

El abogado defensor de los propietarios afectados por la expropiación de la Demarcación de Costas en el Anexo de Playa del Inglés, Jose Ortega, aseguró que "alguien ha mentido" al afirmar que procede el derribo de estos inmuebles, cuando les pertenece una concesión. Estas declaraciones fueron efectuadas en una rueda de prensa, realizada en el Restaurante Roma, en la que participaron junto a los afectados con la intención de mostrar su apoyo, la Federación Canaria de Ocio y Servicio (Fecao) y el Foro de Empresarios Intersectorial de Gran Canaria. "Estamos ante una expropiación sin indemnización y un deslinde que no se ajusta a derecho porque es retroactivo, en España cuando te quitan una propiedad te deben indemnizar", cuestión que está recogida en la Ley de Costas y "que sabe todo el mundo", explicó. La Ley de Costas dice que los terrenos comprendidos entre la antigua y la nueva delimitación del dominio público se darán en concesión a sus propietarios para que permanezcan treinta años, junto a otros treinta más prorrogables para que continúen su actividad sin pagar canon alguno y esta es la situación del Anexo, precisó. Sin embargo, ese derecho se les ha denegado a sus propietarios porque "aquí alguien ha mentido", subrayó el también a abogado de la plataforma nacional de afectados por la costa. Asimismo, mostró un documento de 2002 sobre un informe de Costas al Plan General de Ordenación (PGO) de San Bartolomé de Tirajana en que "se tiene la desvergüenza" de decir que a los edificios que están dentro del deslinde les corresponde el derribo. Recordó que la Ley pasó por el Tribunal Constitucional para verificar si se ajustaba a la Constitución y tuvo una respuesta afirmativa, porque no se trata de una expropiación sin indemnización, sino en especie mediante la concesión. En este sentido, dejó claro que este derecho a la concesión "es tan sagrado que el reglamento de Costas dice que, si no se pide en un plazo de un año, la Administración lo dará de oficio. Frente a lo que dice la Ley, a lo que dice el reglamento, la Constitución y el Tribunal Constitucional, los "señoritos" de Costas vienen y le dicen al ayuntamiento que esas personas el único derecho que tienen es el derribo". Esta medida "ha contaminado", además, a todos los elementos de ordenación que afectan al Anexo como el Plan Territorial de El Cabildo de Gran Canaria, en el que se reconoce la necesidad de "dinamitarlo con bastante poco conocimiento técnico y legal", añadió. En su opinión, ante la propuesta de reubicar a los propietarios en un centro comercial en la ladera próxima que se encuentra fuera del deslinde, aseguró que está afectada por la servidumbre de protección y se prohíben desmontes como se pretende hacer. "Todo el mundo entiende que esto es una aplicación retroactiva de la Ley excepto los señores de Costas y algunos jueces que también están con ellos", sostuvo. Por su parte, la portavoz los empresarios constituidos en la plataforma "Juntos podemos salvar el Anexo" manifestó que en este proceso se verán afectados 87 locales y 700 puestos de trabajo, aproximadamente. Los empresarios exigen respeto al derecho de propiedad y la defensa de Playa del Inglés como enclave turístico de reconocimiento internacional. El Centro Comercial Anexo se construyó en 1978 cuando la primera Ley de Costas recogía las playas como lugares de dominio publico marítimo terrestre, cuyos propietarios compraron, registraron y pagan los impuestos pertinentes, motivo por insistió en que son propietarios y no concesionarios.