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El Poder Judicial insta a rechazar las valoraciones que ataquen a su independencia

Martes, 12 de Mayo de 2009
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La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gabriela Bravo dijo este martes que,  hay que rechazar las valoraciones de políticos y ciudadanos que constituyan un ataque a las instituciones y a la independencia del Poder Judicial porque son un "grave quebranto al Estado de Derecho". Así lo afirmó Bravo Sanestanislao al ser preguntada por la denuncia manifestada en una rueda de prensa por el vicepresidente del Gobierno canario, José Manuel Soria, imputado por un supuesto cohecho en el Caso Salmón, sobre las "falsedades" contenidas en dos informes policiales elaborados por orden de su instructora para comprobar la veracidad de los documentos bancarios que ha aportado a la investigación. Al respecto, la portavoz del CGPJ afirmó que "las valoraciones de políticos y de ciudadanos en general, en principio, merecen respeto como ejercicio de su propio derecho a la libertad de expresión", aunque agregó que las que puedan constituir "un ataque a las instituciones, a la independencia del Poder Judicial, a la propia responsabilidad y al buen hacer de jueces y magistrados tienen que ser rechazadas porque constituyen un grave quebranto para el funcionamiento del Estado de Derecho". Bravo también aludió hoy, al ser preguntada por los periodistas en un receso del curso "Oratoria y Comunicación", en el que intervino, por las filtraciones a un periódico local, antes de que llegaran al TSJC, de los informes policiales criticados, por "sesgados y malintencionados", por el también presidente del PP en Canarias. Estas filtraciones motivaron que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, que instruye el Caso Salmón, interpusiera una denuncia por un supuesto delito de revelación de secretos, por la que hoy estaban llamados a declarar como testigos la jefa superior de Policía de Canarias, Concepción de Vega Caamaño, dos comisarios y dos agentes, que finalmente no testificaron porque el juez suspendió la cita. Sobre este asunto, la portavoz del gobierno de los jueces dijo que "el CGPJ rechaza absolutamente las filtraciones porque no puede considerarse que formen parte del contenido del derecho a informar, que ha de ejercitarse dentro de los parámetros que marcan nuestras leyes y sabiendo conjugar los intereses en juego". Agregó que "estas filtraciones dan lugar a la conversión, más que a una información, a una manipulación, y no ocasionan ningún tipo de beneficio para el funcionamiento del Estado de Derecho". Gabriela Bravo reflexionó hoy en el curso "Oratoria y Comunicación", organizado por la Fiscalía Superior de Canarias sobre "El Derecho a la Información visto desde el Poder Judicial". En su ponencia, explicó que el CGPJ es consciente de que el derecho a la información es un derecho constitucional que hay que ejercitar siempre en los parámetros que marca la Constitución y de que hay que informar al ciudadano "con objetividad, transparencia, profesionalidad y veracidad". "Desde el CGPJ queremos desarrollar una política institucional y apostamos por una justicia transparente porque ésta es la mejor manera de acercarla al ciudadano. Una justicia transparente no se consolida si no conseguimos explicar y trasladar al ciudadano todo lo que acontece en el ámbito de los tribunales": Bravo afirmó que "el ciudadano tiene derecho a saber y a estar informado de los asuntos que puedan tener un interés general" y consideró que " el derecho a comunicar no es un derecho de los periodistas, sino un derecho de la sociedad". Al mismo tiempo, manifestó la "confianza" del CGPJ en los medios de comunicación y dijo que es consciente "de las enormes dificultades que presenta el informar en el ámbito de la justicia por las dificultades técnicas del lenguaje y el procedimiento". Sin embargo, exigió que, "siendo" los medios de comunicación "los canales que van a trasladar al ciudadano lo que acontece en el ámbito de los tribunales, que lo hagan dentro de estos parámetros y con los límites que señala la Constitución". "Hay que saber tutelar los derechos en juego, como son los de los más vulnerables -los menores y las víctimas-; respetar derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y, al mismo tiempo, tener la capacidad de informar con transparencia, objetividad y veracidad", aseveró.
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