Siguen los atropellos

La ley de Costas, 22/88 de 29 de julio de 1988, ha sido ampliada con dos nuevos apartados ampliándose así la Disposición Transitoria Primero, con el único objeto según los legisladores, de permitir la transmisión por "actos de inter vivos" de concesiones en el Dominio Público Marítimo Terrestre, teniendo el Ministerio derecho de "tanteo y retracto" por espacio de tres meses. Dado y como se está aplicando estas dos nuevas disposiciones es muy posible, que quienes las aplican estén vulnerando la Constitución, ya que si nos atenemos a las premisas legales que se citan no guardan ninguna relación con los atropellos que se siguen cometiendo y que si la ciudadanía no se revela impugnando estas arbitrariedades todo esto será el cuento de nunca acabar. El Derecho Civil, dice que el retracto, es el derecho de adquisición preferente en virtud del cual una persona recupera una cosa vendida a otro, por el mismo precio y las mismas condiciones pactadas en la compraventa y sigue diciendo: el retracto convencional es el que se puede establecer en los contratos de compraventa, por el cual el vendedor, salvo que se haya pactado lo contrario, pueda recuperar la cosa cuando el comprador la venda a un tercero en el plazo general de cuatro años. En el caso que nos ocupa, ni existe contrato de compraventa, ni el propietario actúa como vendedor, solo se le expropia o embarga y se le derriba la cosa, (sin derecho a percibir indemnización alguna como ocurre en los Anexos de Playa del Inglés y de Maspalomas), por consiguiente nunca tendrá opción a recuperar su propiedad, en cuyo caso el "retracto" no existe, vulnerando quienes llevan a cabo estas atrocidades, amparándose en la ley citada que es estulta, agresiva, lesiva, y que atenta contra los Derechos Fundamentales de los ciudadanos españoles, así como también contra la legalidad vigente, (como se observara a tenor de todo lo expuesto), que no se aplica con el rigor que debiera, beneficiando al poderoso en detrimento del humilde. Lamentablemente todos estos execrables actos se van seguir cometiendo, mientras la Justicia mira hacia otro lado. Ya han sido muchos los derribos que se han llevado a cabo, empezando por el de Cho Vito en Tenerife y si hoy alguien no lo remedia se derribara la última casa del Barranco de la Ballena en el término municipal de Santa María de Guía que serán en total cuatro con las tres derribadas la semana pasada. En el territorio peninsular se han llevado a cabo verdaderos atentados contra la misma historia, han sido derribados poblados pesqueros enteros con edificaciones de más de 200 años de antigüedad, el Restaurante Pepita en Cádiz un edificio construido en el siglo XVI, y otros están amenazados y sus derribos será cosa de días o como mucho de semanas. En el sur y norte de Gran Canaria son muchos los poblamientos que están en esta lista o rol de edificaciones amenazadas, las cuales todos conocemos por haberlas estado visitando durante toda nuestra vida, mientras que otras son respetadas por costas por el mero hecho de ser propiedad de los grandes terratenientes, que transgrediendo las normas sistemáticamente nadie se atreve a meterse con ellos por temor a su enorme poder dentro de la sociedad. Quienes se encuentren en esta situación, pueden contactar con la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, (AEPLC), o llamando al teléfono, 626 823246, o en la página web, [email protected], ellos están realizando una gran labor ya que han llevado a la UE sus problemas, y han mentalizados a muchos Comisarios que ya se han manifestado contra esta ley por considerarla injusta y abusiva, el merito de cuanto están consiguiendo es de Carmen del Amo, su presidenta, con la cual hablo casi todos los días. También el abogado y portavoz, de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, (PNALC), José Ortega, manifiesta: "que son más de 500.000 ciudadanos los que están sufriendo la política abusiva, no igualitaria y con carácter retroactiva que aplica el gobierno en los últimos años en relación al litoral". Esta Plataforma al igual que la citada anteriormente, pretende luchar contra los supuestos abusos que se están produciendo en la aplicación de la Ley de Costas, por la Dirección General correspondiente, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y que está afectando especialmente al levante español, Valencia, Alicante, etcétera y también a Canarias. [email protected]