La Federación Canaria de Ocio y Restauración estudia medidas legales contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el problema de exceso de boro en el agua de la capital que afecta no sólo a los consumidores, sino a las empresas de tratamientos y venta de agua de ósmosis.
Las Palmas de Gran Canaria cuenta en la actualidad con 150.000 plantas de ósmosis domésticas y más de 1.000 semi-industriales que realizan un doble filtrado del agua que soluciona el problema de exceso de boro.
La FECAO critica la pésima actuación del consistorio capitalino que no debería haber creado alarma social sino recomendar un análisis del agua como medida cautelar a quien tenga estos equipos.
El secretario técnico de la patronal, Antonio Vélez, aclaró que "la Administración local debe hacerse cargo del coste de este análisis porque es su responsabilidad garantizar la potabilidad del agua en todos los hogares de la capital según el Real Decreto 140/2003".
Vélez insistió en que la FECAO "no va a consentir que el error del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo paguen los consumidores que tendrán que comprar agua mientras no se pueda consumir y las pequeñas empresas en las que se originarán pérdidas por este motivo".








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