Los campistas se establecerán en terrenos privados y cauces de los barrancos

Los campistas de San Bartolomé de Tirajana reclaman sus zonas habituales de acampada pese a que el Ayuntamiento no permitirá el uso del litoral y los lugares habilitados otros años en Semana Santa. La falta de una normativa hará que 800 caravanas ocupen terrenos privados y los cauces del Consejo Insular de Aguas, informó el La Provincia-Diario de Las Palmas. Si la Administración endurece su actitud, los campistas amenazan con hacer uso del derecho de circulación de sus vehículos para aparcar las caravanas en las aceras de las zonas turísticas. Según Juan José Ramírez Mena, presidente de la Federación Insular de Campistas, "éstos van a acampar", para ello, "iremos a las propiedades de los particulares que nos den un vallado o a los barrancos del Consejo Insular de Aguas". Actualmente, al no existir ningún camping municipal, la competencia y responsabilidad reside en Costas y en los particulares que hayan legalizado su zona de acampada. Los campistas no entienden cómo en algunos lugares se ha dejado bajo la responsabilidad del consejo regulador del Cabildo y en otros no, cuando entienden que todos están en los cauces de los barrancos. Para Miguel Ojeda, presidente del Club de Campistas de Maspalomas, se está discriminando a unos campistas frente de otros situados a escasos metros. "Los vecinos del Castillo del Romeral acampan junto a los terrenos del aeroclub, son vecinos de toda la vida, que han arreglado esta zona y ahora se les prohíbe la acampada", recrimina éste. "Esto hay que regularlo, son muchas familias las que acampamos, esto es una auténtica demanda social", explica Rodríguez Mena y añade, "si el informe jurídico, que existe desde 2004, alega que no se dan las condiciones para la acampada, mientras las tasas se han seguido cobrando, los responsables políticos han tenido tiempo para hacer que las condiciones se puedan dar". El Ayuntamiento defiende que no tiene competencias y los campistas se tienen que regir por la ley de Costas. Según estipula un informe jurídico municipal, el Consistorio no puede dar permisos sobre unos terrenos donde no se dan las condiciones ni la legalidad correcta, al no haber entidades privadas con las autorizaciones.