Freno a los que cuestionan el Estado de Derecho

En la década de los 60 del siglo pasado, yo también "emigré" a  Andalucía, no por gusto, sino por obligación, ya que la mayoría de los maestros, después de aprobar sus oposiciones al cuerpo nacional de Magisterio, que es como se llamaba, no contaban con plazas en las islas, y por tanto, te destinaban a cualquier punto de la Península. Muchos maestros canarios fuimos a parar a diferentes provincias andaluzas, aunque también hubo docentes a los que colocaron en  otras regiones españolas. A mí me correspondió una aldea marinera de la provincia de Huelva llamada El Rompido, situado en la desembocadura del río Piedras, perteneciente al municipio de Cartaya (del que más tarde se segregaría la zona turística y pesquera de Punta Umbría) Los habitantes de ese aldea se dedicaban a la pesca y aunque, no podía decirse que económicamente pasaran apuros, sí había bastante atraso social y cultural. Había dos escuelas, una de niños y otra de niñas. Los alumnos, en general, no parecían estar bien atendidos. Sus padres pescaban por la noche, luego llegaban a sus hogares a descansar y las mujeres se desplazaban a Cartaya (situado a 8 kilómetros) o a otras localidades onubenses, para vender su pescado, mientras los pequeños quedaban a cargo de abuelas o hermanas mayores. Como consecuencia de este aparente abandono paterno, los niños llegaban a la escuela bastante desaliñados, sin apenas desayunar, mocosos y lo que era peor, con piojos  "como chochos" en su cabeza, que recuerdo que caían sobre las libretas cuando los alumnos escribían. El "pañuelo" de los chicos era su propia manga. La maestra y yo acordamos que aquella situación tenía que acabar. Para eso convocamos a los padres (aunque fueron las madres las que asistieron) y les sugerimos que para que sus hijos prosperaran tenían que estar bien alimentados y había que enseñarles unos  hábitos relacionados con la limpieza, la higiene, con la convivencia, con la educación, etc. Una de las primeras medidas que tomamos fue instalar un comedor escolar. Efectivamente, solicitamos el correspondiente permiso en la Inspección de Enseñanza de Huelva y nos lo concedieron. El cambio que se produjo fue radical. La mejora en la alimentación de los niños, más nutritiva y racional, redundó en beneficio del rendimiento de los alumnos  y se obtuvo, además, que hubiese una asistencia a clase más regular y que sus padres se ocuparan de enviarlos más aseados.  Los progenitores empezaron también a preocuparse por la educación de sus hijos y por su futuro. He llegado hasta aquí en el relato para señalar que la persona que nos animó a instalar el comedor y a conseguir mejoras para aquellas escuelas unitarias  que, a su vez, beneficiaba a todo el entorno, se llamaba don Juvenal de Vega y Relea, inspector de Enseñanza Primaria de la Provincia de Huelva, al que le correspondía supervisar aquella zona. Don Juvenal de Vega era el abuelo de doña Concepción de Vega, actual jefa de la Policía de Canarias. Su abuelo, al que conocía personalmente, era una persona de gran prestigio, seria y al mismo tiempo severa y recta, volcada en su tarea educativa y preocupada  por la mejora de la situación social. Años más tarde, cuando yo trabajaba en la redacción de La Provincia, tuve el gusto de conocer a don Augusto de Vega, al que entrevisté al ser destinado a Las Palmas de Gran Canaria. Le comenté la experiencia que había tenido con su padre y el buen recuerdo que guardaba, aunque habíamos tenido algunas divergencias en la manera de llevar el comedor escolar. Don Augusto de Vega, padre de la actual jefa de la Policía Nacional en Canarias, era un magistrado conocido por su rectitud, por su gran responsabilidad y profesionalidad, por su  espíritu abierto y democrático. Don Augusto de Vega era el padre de doña Concepción de Vega. Una familia de excelente trayectoria vital. Algunas personas en estas islas han querido manchar el nombre de la nieta de Don Juvenal de Vega y Relea, y a otros cargos policiales, acusándoles  de presuntos delitos que, recientemente, el juez Tomás Martín acordó archivar por considerar las acusaciones "vagas, genéricas e inconcretas". Son acusaciones relacionadas con los casos Faycán y Góndola. En estos casos pienso que se ha realizado una labor de investigación policial correcta aunque, tengo que decirlo, lo único que no me ha agradado (ni creo que a la mayoría de la población)  ha sido la forma en que se han realizado algunas de las detenciones, con gran aparato mediático (cámaras, periodistas, etc.) convirtiéndolas en un espectáculo lamentable. Doña Concepción de Vega declaró en una entrevista radiofónica que las denuncias de cuatro policías y un particular contra ella y quince personas pertenecientes al Cuerpo de la Policía Nacional fueron tergiversadas por determinada prensa. En esas denuncias no se dice que la policía fabricó  pruebas en los casos Faycán y Góndola. La policía actuó de forma transparente, respetando el estado de derecho  y siguiendo las instrucciones  judiciales. No se puede  poner en duda la honorabilidad de todo un colectivo que ya, de por sí, tiene a veces dificultades para desarrollar su trabajo por falta de medios naturales y humanos, cuando no de estímulos suficientes. En este país tenemos la costumbre de generalizar (e incluso de hacer juicios mediáticos paralelos) ante la actuación de determinados miembros de colectivos, entre ellos los policiales. Como en todas partes, existen "malas hierbas" en la policía y la guardia civil, que manchan su imagen,  pero han de ser los juzgados o sus órganos disciplinarios los que  depuren esos cuerpos y no quienes se empeñan en despreciar o cuestionar el estado de derecho. Además, se utiliza frecuentemente la estrategia "goebbeliana" de mentir  descarada y reiteradamente, de forma que, al final, esa mentira tome visos de verosimilitud.