Los asesores fiscales piden un cambio normativo para salir de la crisis en Canarias

La Asociación Española de Asesores Fiscales considera que "el contexto normativo actual no facilita, ni a las empresas ni a las familias canarias, la salida de la situación económica presente", por lo que ha propuesto al Gobierno Autónomo medidas para evitar el "bloqueo administrativo". Medidas que, según se explica en un comunicado de la organización, se han planteado desde el parecer de que éste "es el momento de eliminar las incertidumbres y dudas que permanecen sin respuesta en relación con los incentivos a la inversión empresarial, especialmente de la Reserva para Inversiones en Canarias". Incertidumbres que repercuten "ocasionando una alta sensación de inseguridad tributaria en nuestras Islas", se recalca en el texto. "Asimismo, algunos elementos clave de nuestro Régimen Fiscal deberían replantearse y ser adaptados a periodos de mínimos o nulos beneficios empresariales", se apostilla. La asociación matiza que "reconoce que, a nivel estatal y autonómico, se han implementado diversas medidas puntuales en nuestra normativa fiscal", si bien para apostillar: "Pero dichas medidas, que pudieran considerarse positivas de forma individual, no conforman una estrategia global que permita dinamizar nuestra economía". "Sino, más bien, resultan una serie dispersa de actuaciones, cuando no inconexa, que no compensan las dificultades que actualmente padecen empresas y particulares en la actual coyuntura", se agrega. Por todo ello, desde los asesores fiscales se han propuesto al Gobierno canario, como elementos "que, en su conjunto, facilitarían la salida de la crisis" veinte medidas entre las que subrayan la necesidad de "aclarar las posibilidades de materialización de la Reserva para Inversiones en actividades clave para la economía canaria como la rehabilitación-renovación de la planta alojativa". Además, se reclama "simplificar las obligaciones formales de la RIC (memoria y plan de inversiones) y atenuar el desproporcionado régimen sancionador del incentivo, que -se argumenta-, en la práctica, impide el acceso al mismo por las pequeñas y medianas empresas". Otra de sus propuestas es "introducir el derecho a aplicar la deducción por doble imposición por parte de las entidades ZEC (acogidas a la Zona Especial Canaria) evitando -según señalan- la actual discriminación de los socios residentes". Al tiempo, demandan "ampliar el número de actividades aptas para acogerse a la ZEC y flexibilizar los criterios prácticos de admisión". "Aligerar y flexibilizar las garantías en los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias, incorporando la posibilidad de garantizarlas y/o compensarlas con deudas de las propias administraciones públicas", o "reducir o bonificar las cotizaciones sociales", que consideran un "auténtico impuesto al empleo cuando se mantenga o se incremente", son algunas más de esas propuestas.