El fracaso de la pseudopolicía canaria

El actual Gobierno canario no se distingue precisamente por sus aciertos, ni en materia económica ni en políticas sociales o en medidas para un mejor funcionamiento de los servicios públicos. Lo hemos visto recientemente con la improvisada, populista y demagógica propuesta de Paulino Rivero sobre el reparto de alimentos próximos a caducar, que ha suscitado un amplio rechazo social; incluso de sus propias filas, la de los partidos que apoyan al Gobierno, culpando unos a los empresarios de la idea y desmarcándose otros de la misma. Pero pocos procesos ilustran a las claras su nivel de incompetencia política como el que ha llevado a cabo para la constitución de la policía canaria. Y que va culminando, como hemos visto estos días, con la obtención de un fracaso absoluto. El presidente Rivero y los suyos, con el consejero de Presidencia al frente,  se han empeñado a toda costa en sacar adelante la policía canaria para dar un toque nacionalista a su acción de gobierno. Poco importa que el modelo de policía planteado respondiera o no a las necesidades de Canarias y a las exigencias de su población; poco importa que tuviera visos o no de ser verdaderamente efectivo, impactante en la mejora de la seguridad de los ciudadanos y de las empresas. Mientras, su socio de Ejecutivo, el PP, se ha sumado, con mayor o menor entusiasmo, a la consecución del mediocre objetivo, diciendo, por cierto, justo lo contrario de lo que afirmaba cuando estaba en la oposición. Lo mismo que hizo con la televisión autonómica que, recuerden, amenazó con cerrar y que tras el pacto con Adán Martín en 2003 pasó a dirigir el departamento de Luis Soria. Mal hecho Todo ha estado mal hecho desde un principio. Realizado sin convicción y sin fundamento. Y eso hacía que el fracaso fuera más que previsible. En primer lugar porque era implanteable crear un cuerpo de policía en clara confrontación con el Estado. Porque sin el imprescindible nivel de consenso no se garantizaba ni la eficacia ni la financiación, convirtiéndose en un elemento de propaganda más y no en un intento sincero de contribuir a la mejora de la seguridad en el Archipiélago. El compromiso alcanzado recientemente por el Ejecutivo canario con el Gobierno central sobre esta materia confirma de forma contundente ese fracaso anunciado. Del proyecto inicial desaparecen la colaboración de la policía canaria con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en asuntos como vigilancia del litoral, control de explosivos y de material pirotécnico, control de la inmigración irregular, verificación del resguardo fiscal y vigilancia, verificación y control de las empresas de seguridad privadas radicadas en Canarias. Igualmente, se suprime la referencia a la creación “de grupos o secciones, con personal específico, para el desempeño de las funciones de la Policía Judicial”. En una auténtica pirueta circense, a las que nos tiene muy acostumbrados, el Gobierno de Canarias ha tratado de vender como un triunfo lo que en realidad ha sido un auténtico fiasco; y es que las funciones que se pretendía otorgar a este cuerpo de seguridad autónomo han quedado reducidas a su mínima expresión, como es “la vigilancia y protección de personas, órganos, edificios y dependencias de la Comunidad Autónoma”. Para ese viaje no hacían falta semejantes alforjas. Otro modelo, en otro momento Consideramos, lo hemos dicho en otras ocasiones, que los gobiernos centrales, del PSOE y del PP, han actuado de forma cicatera pretendiendo impedir que Canarias pudiera desarrollar una política seria en materia de seguridad, imponiendo una visión centralista, excluyente e ineficaz. Al contrario, desde Nueva Canarias hemos insistido en la necesidad de diseñar una  politica de seguridad propia para las Islas, y defendido una policía que responda a las necesidades del Archipiélago y trabaje coordinadamente con las policías estatales y locales. Un modelo cercano al de los estados federales cuyas competencias estén garantizadas en el nuevo Estatuto de Autonomía, y reconocidas en la reforma de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Aprovechando la experiencia acumulada en los modelos de seguridad de Cataluña y el País Vasco, en los que se ha producido un desarrollo en sentido federal que se encuentra muy avanzado. Pero somos plenamente conscientes, asimismo, de que no es el momento para plantear este debate, de que existen otras prioridades  en unas circunstancias críticas por las alarmantes cifras de paro y el empobrecimiento de las familias canarias; y por el paralelo deterioro financiero de las administraciones públicas. Por eso, instamos al Gobierno de Canarias a que aparque este proyecto y dedique sus esfuerzos y sus recursos a afrontar la grave situación que vive un Archipiélago que, de cumplirse las recientes previsiones de la fundación de las cajas de ahorros (Funcas) camina hacia los 300.000 parados en este año 2009. Su empecinamiento, contra viento y marea, contra la opinión y el sentir ciudadano, retrata a un Ejecutivo alejado de los problemas de la gente, ajeno al interés general, sin propuestas y sin ideas.

Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.