Responsabilidad de los cargos públicos

Políticos, empresarios, profesionales, ciudadanos, todos tenemos nuestro grado de responsabilidad en lo que hacemos, en lo que emprendemos, en lo que asumimos. Claro que eso no lo llegan a entender algunos de nuestros políticos domésticos e incluso autonómicos o nacionales. En esta  joven democracia, que bajo mi punto de vista se encuentra aún en pañales, ya no se parece en nada a la de los países  que disfrutan de un régimen democráticos desde hace muchos  años e incluso siglos, habría que hacer una especie de receso y valoración de lo que se ha realizado hasta ahora, y buscar los fallos que hemos tenido para enmendarlos. Si rectificar es de sabios, no puede entenderse que haya determinados dirigentes  (no todos, por supuesto) que llegan a la política para enriquecerse, para obtener un patrimonio,  o para beneficiar a sus amigos o grupos empresariales. A mi eso me parecer indigno y un escarnio para el sistema democrático. Sería deseable que al principio de su actividad en la política se obligue a todos los que ocupan cargos públicos a hacer una declaración  de bienes, y que exista después un seguimiento para evitar que al final de su actividad puedan aparecer algunos con una riqueza inexplicable, unas cuentas ocultas nada despreciables  o un patrimonio que no sería normal ganando un suelto también normal (que esa es otra cuestión). Porque, claro, si se tienen sueldos que superan las 3.000 ( 500.000 pesetas), e incluso  los hay que pasan de 6.000 euros y encima nos enteramos que en ciertos lugares se cobran un 15 o 20 por ciento en comisiones por licencias, o por obras, o por favores concedidos a amigos, o que de vez en cuando cae un maletín para untar a los más remisos, nos daremos cuenta, en primer lugar, de la falta de ética,  de escrúpulos  y de vergüenza de esos políticos, y en segundo lugar, de que si se actúa impunemente, como se venía haciendo hasta ahora  (aunque parece que se intenta remediar esta situación)  es un verdadero chollo ser político,  porque tienen luz verde para perpetuar ese sistema corrupto. Lo peor de todo es que la corrupción no es un obstáculo para que, a la hora de votar, la gente vote a políticos corruptos. De esos tenemos sobrados ejemplos en Canarias y en España, en general. Que las Fiscalías Anticorrupción y los Tribunales de Justicia actúen libremente y sin presiones   es una obligación que tienen ante los ciudadanos en un Estado de Derecho.  No pueden hacerlo solamente por indicación de quienes en esos momentos gobiernan (que es lo que algunos políticos insinúan cínicamente en nuestro país para desviar la atención de sus propios líos y corruptelas)  porque si no, no habría independencia del Poder Judicial, ni estaríamos en ese cacareado Estado de Derecho. Pero de la misma  forma que se investiga y se juzga a los políticos que  tienen actuaciones irregulares, tendría que extenderse la acción judicial y policial a quienes corrompen, a quienes sobornan, a quienes apoyan  ese sistema corrupto. Porque no hay corruptos sin corruptores. No voy a poner ejemplos ni a nombrar a nadie (porque no me gustan los juicios paralelos) pero diariamente, la prensa nacional o insular nos habla de presuntas corrupciones, de presuntas prevaricaciones, de presuntos tráficos de influencia, cuyos protagonistas son políticos del cualquier signo,  porque aquí ningún partido está libre de culpa. En los casos de corrupción política los jueces tendrían que actuar con más celeridad y no ralentizar las investigación, los procedimientos y los juicios porque en ello va la credibilidad de la Justicia y la supervivencia de un sistema democrático. Otra de las mejoras que requiere nuestra democracia sería la limitación del mandato en los cargos políticos de relevancia como presidentes de Gobiernos, de Cabildos o de Ayuntamientos. Esas  personas deberían mandar como máximo ocho años, aunque sus partidos, por decisión popular, pueden hacerlo hasta que la gente se canse de ellos. Así mismo es hora de que los políticos carguen con sus responsabilidades cuando actúan de forma incorrecta o alocadamente,  cuando derrochan el erario público, o cuando su nefasto mandado genera "pufos", como se llama ahora, o dejan unas deudas y déficits ruinosos, debido a su mala gestión. Tenemos en estas islas y, por supuesto, en diferentes lugares de la Península, ayuntamientos completamente arruinados por las deudas que han dejado, por la cantidades de pleitos que han tenido que afrontar en los tribunales, por malversación de fondos, o por dispendios y gastos ostentosos. No se suele pedir  a nadie responsabilidad ante esos casos y la mayoría de los políticos culpables se van de rositas. La impunidad es total, o casi total. En fin, creo que son necesarias ciertas reformas para que quienes   vayan  a un cargo político lo hagan con la máxima responsabilidad y pensando más en el bienestar de su pueblo, de su isla, de su autonomía, o de su nación que en su propio bienestar o promoción social. Lo que sucede es que, tan como está la situación, quizás algunos se lo piensen mucho antes de acceder a un cargo donde saben que no van a obtener ningún beneficio. Esto, la verdad es más que lamentable.  Por altruismo o por defender los intereses de todos y no de unos pocos, parece que existen pocas almas cándidas dispuestas a sacrificarse. O a lo mejor me equivoco y haya más de las que pienso. Lo que está claro es que debería haber una mayor control del gasto público y que temporalmente se realicen auditorías en los organismos de la Administración.