Nueva Canarias (NC) celebra que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) haya frenado, mediante una sentencia contra el Reglamento del año 2005 que desarrollaba Ley de Puertos de Canarias, el intento del Gobierno autonómico de burlar la Ley de Directrices buscando la posibilidad de poder construir más camas turísticas en zonas de infraestructuras portuarias. Esta sentencia obligó al Ejecutivo canario a modificar en el Parlamento en marzo de 2007 la Ley de Puertos Canarios a pesar de que recurrió la sentencia que ahora el Tribunal Supremo (TS) ha ratificado.
Critica que el Ejecutivo canario intentara a través de un Reglamento arrogarse la competencia de autorizar nuevos alojamientos turísticos en las zonas de servicio de los puertos canarios vulnerando la moratoria vigente desde el año 2003 por aplicación de las Directrices Turísticas, criterio que primero el TSJC y ahora el TS ha desaprobado.
La sentencia afirma que el procedimiento para autorizar nuevas camas lo establece la Ley de Directrices a través de las autorizaciones excepcionales de hasta 3.600 plazas aprobadas por el Parlamento de Canarias previo informe favorable del Cabildo insular y que un Reglamento no puede modificar el contenido de dicha Ley.
NC denuncia el incumplimiento en la aplicación de la Ley de Directrices por parte de los sucesivos gobiernos de ATI-CC y PP, no poniendo en marcha las medidas previstas para fomentar la rehabilitación de las ciudades turísticas y la renovación de la planta antigua, añadido a los intentos por saltarse la Ley mediante procedimientos espurios que han sido rechazados por la sentencia comentada.
Con esta actitud de los partidos que gobiernan se han perdido seis años en la necesaria tarea de modernizar nuestro sector turístico, apostando por la rehabilitación y por la calidad alojativa y de la oferta complementaria de ocio.
Para la organización nacionalista es poco edificante que el Gobierno de Canarias que es quien debe dar ejemplo en cumplir y respetar las leyes reciba un correctivo a través de esta sentencia por intentar saltarse una Ley.








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