El Ayuntamiento se encuentra en situación ilegal por admitir trabajadores cedidos

MASPALOMAS AHORA.- El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se encuentra en una situación "irregular y claramente ilegal" por admitir trabajadores cedidos por una empresa de servicios, así como autónomos que realizan labores de funcionarios, según un informe de la Intervención de Fondos. En el documento se llama la atención sobre "la alarmante situación que existe actualmente en relación con el personal al servicio" de la Administración. El informe de fiscalización relativo a los contratos de prestación de servicios, consultoría y asistencia que mantiene el Ayuntamiento realizado a principios del mes de diciembre, anuncia que dos son los problemas principales que requieren una "pronta e inmediata respuesta en aras a regularizar la situación".Por un lado destacan los problemas de personal de la empresa contratada para prestar servicios, Perfaler Canarias, ya que en la actualidad "nos encontramos con una auténtica cesión ilegal de trabajadores prohibida expresamente en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, los cuales se integran en la propia estructura administrativa". Los mismos desempeñan labores reservadas a los funcionarios públicos, reciben órdenes y directrices directas del personal directivo y políticos de la Administración Pública, y desarrollan funciones equiparables al personal laboral de servicio, cuando tan sol es un "mero suministrador de mano de obra". Esta actitud de la empresa de servicios hace que los trabajadores a través de un contrato "a todas luces ilegal vaya en su perjuicio, que ven diferenciadas su situación respecto a la de los funcionarios públicos", manifiesta el informe firmado por la interventora general. "Este contrato irregular se ha mantenido a lo largo de los años y que han puesto de manifiesto las numerosas sentencias recaídas sobre ese particular", agrega. El segundo "gran problema" que se plantea es el del personal autónomo que trabaja en la mayoría de las ocasiones desde hace bastantes años a través de una cesión de contratos de prestación de servicios, consultoría y asistencia notoriamente irregulares. La técnica utilizada es modificar el objeto contractual sin que fuese acompañado de un cambio de tareas y funciones desempeñadas. "Nos encontramos efectivamente ante un claro fraude de ley, una forma para bordear la legalidad y escapar de los procedimientos y principios legalmente establecidos para la selección e ingreso del personal de servicios de las Administraciones Públicas", explica. Asimismo, el personal recibe ordenes directas de la administración pública y desarrolla su trabajo dentro del horario establecido por la misma administración, se les abona el servicio prestado mensualmente como al resto del personal laboral y tienen el mismo régimen de vacaciones, incluso disfrutan de días de asuntos propios. Estas contrataciones han sido un "fraude de ley" al utilizarse modalidades de contratación administrativa para obra o servicio con el objeto de "encubrir una verdadera relación laboral". El problema que se plantea exige una respuesta inmediata, una urgente regularización del personal que ya de ha convertido en "imprescindible dentro del Ayuntamiento. Desde intervención sugieren efectuar una valoración objetiva de los contratos existentes, identificar aquellos que resultan imprescindibles y regularizar su situación. Es ahora cuando se trabaja sobre los presupuestos de 2007 cuando han de analizarse las necesidades y proceder a la regularización, de lo contrario aumentaría "gravemente contra el interés general, ya que si se renuevan estaríamos incurriendo en una situación de ilegalidad".