La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Telefónica Móviles, contra la sentencia de primera instancia que le obligaba a retirar una antena de telefonía móvil en El Tablero.
El Juzgado de San Bartolomé emitió una sentencia favorable al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la Plataforma Canaria contra las Antenas de Telefonía Móvil, el pasado día 17 de septiembre de 2007.
El objeto del recurso contencioso-administrativo era la anulación del decreto firmado por el concejal de Disciplina Urbanística, David Delgado, con fecha 11 de julio de 2006, que acordó a su vez la ejecución subsidiaria forzosa de lo acordado en la resolución del 21 de abril de 2006.
La orden municipal dirigida a Telefónica Móviles contemplaba la la retirada de la antena instalada en la azotea de la vivienda situada en la calle Veracruz, número 7, del citado pueblo.
El alto tribunal en su argumentación rechazó que la licencia obtenida por la compañía se hubiese adquirido por silencio administrativo, a tenor de lo establecido en el artículo 50.5 de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación, que prohíbe este tipo de instalaciones en las azoteas de los edificios.
El Juzgado de San Bartolomé emitió una sentencia favorable al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la Plataforma Canaria contra las Antenas de Telefonía Móvil, el pasado día 17 de septiembre de 2007.
El objeto del recurso contencioso-administrativo era la anulación del decreto firmado por el concejal de Disciplina Urbanística, David Delgado, con fecha 11 de julio de 2006, que acordó a su vez la ejecución subsidiaria forzosa de lo acordado en la resolución del 21 de abril de 2006.
La orden municipal dirigida a Telefónica Móviles contemplaba la la retirada de la antena instalada en la azotea de la vivienda situada en la calle Veracruz, número 7, del citado pueblo.
El alto tribunal en su argumentación rechazó que la licencia obtenida por la compañía se hubiese adquirido por silencio administrativo, a tenor de lo establecido en el artículo 50.5 de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación, que prohíbe este tipo de instalaciones en las azoteas de los edificios.
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