Nueva Canarias (NC) critica la negativa del Gobierno de Canarias a la posibilidad de debatir en el Parlamento autonómico la iniciativa legislativa popular promovida por Ben Magec respecto a la ley de Directrices del Turismo para que no se construya ni una cama más.
En opinión de NC la ambigua respuesta del Ejecutivo autonómico, que ha alegado que no se debatirá la propuesta de Ben Magec porque hay otra ley que se está tramitando en el Parlamento sobre el mismo asunto, en referencia a la Ley de Medidas Urgentes, supone un desprecio a los 45.000 ciudadanos que con su firma respaldan la iniciativa de los ecologistas.
Nueva Canarias considera vergonzoso que se rechace esta propuesta sin tener la oportunidad de debatirla antes y asegura que este tipo de decisiones generan en la ciudadanía desafecto y desmotivación.
Promesa incumplida
La organización nacionalista advierte además que con este hecho el presidente del Gobierno de Canarias pone en entredicho su credibilidad pues vuelve a incumplir su palabra, ya que en su momento aseguró que no existía ningún problema porque se debatieran en el Parlamento ambas iniciativas legislativas a pesar de ser contradictorias.
Empiezan a ser comunes los incumplimientos de Paulino Rivero, aseguran desde NC en referencia al compromiso que adquirió en junio de este año con el Cabildo de Gran Canaria para dar al transporte guiado de esta isla la misma cantidad que a Tenerife. Y ahora no mantiene sus declaraciones respecto a la iniciativa legislativa popular del grupo ecologista.
Lo peor son los argumentos absurdos que se alegan para justificar lo que saben que los ciudadanos no van a entender, poniendo en evidencia que no sienten el más mínimo respeto por los canarios y sus instituciones.
Rechazo unánime
Respecto a las declaraciones del consejero de Política Territorial y Medioambiente, Domingo Berriel, que afirma que el PSC es el único que se opone a la Ley de Medidas Urgentes. Nueva Canarias responde que ocurre justamente lo contrario dado que es el Gobierno autonómico quien único respalda una legislación que rechazan de forma unánime y contundente las patronales turísticas, los empresarios de este sector, los sindicatos, partidos políticos, colegios de profesionales, asociaciones ecologistas, etc.








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