Contradicciones de un Gobierno "socialista" y "progresista"

A principios del presente mes de noviembre que llega a su fin, nos encontrábamos con una encuesta del Instituto nacional de Estadística donde se actualizaba la Encuesta de Discapacidad en el estado español. Estos datos avanzaban el ligero incremento del número de personas con discapacidad, llegando a la conclusión de que en cada cinco hogares del Estado, vive una persona con discapacidad. O dicho de otro modo, un 20,0% de los hogares españoles viven directamente la experiencia de la discapacidad. En el día de ayer, con estos datos en la mano, el Gobierno de Rodríguez Zapatero en sintonía con algunas comunidades autónomas -Canarias, por fortuna, se abstuvo- , votaba en contra de las demandas del sector de la discapacidad. Así pues, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), vota un sistema de copago "recaudatorio", contrario a los planteamientos del sector asociativo de la discapacidad, cuyas demandas han sido ignoradas. Para que nuestros lectores lo entiendan, esto se refiere al pago de servicios y prestaciones que realizan las personas dependientes. Pues bien, estos servicios, que deberían ser dotados por el Estado a este colectivo, se convierte en  un sistema que penalizará especialmente a las personas en situación de dependencia que han realizado un esfuerzo más intenso para, a pesar de las dificultades del entorno, llevar una vida autónoma, participativa y de integración económica en la comunidad. Por fortuna, el sector de la discapacidad está bien representado por el CERMI -Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad- que agrupa, entre otros a la ONCE, COCEMFE, FEAPS, etc., no se va a quedar quieto ante esta nueva agresión a los derechos de las personas con discapacidad, y rechazando estos proyectos en sus actuales términos, ya que considera que las personas con discapacidad y las personas mayores en situación de dependencia se sienten excluidas o relegadas. Lo que no se puede hacer,  es,  en palabras de nuestro presidente del CERMI, Luis Cayo,  "es hacer leyes a espaldas de las asociaciones que representan a los beneficiarios". Por tanto, nos adentramos en un recurso ante la Justicia, donde se recurrirá el acuerdo tomado por el Gobierno y "sus amigos" en el Consejo Territorial referido anteriormente, ya que este acuerdo no tiene rango normativo suficiente. Es decir, la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias de servicios y prestaciones del SAAD se ha de hacer por vía reglamentaria, a través de un Real Decreto, y no en una reunión de este tipo. Pues bien, las contradicciones socialistas y progresistas vienen, días más tarde, cuando el Congreso de los Diputados, con el voto de socialistas incluido, aprueba una Declaración Institucional con motivo de la celebración, el próximo 3 de diciembre, del Día internacional de las personas con discapacidad, donde se recuerda el objetivo de "proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto a su dignidad", así como reconocer también el "importante papel" que desempeña el movimiento asociativo que representa en España al sector de la discapacidad y a sus familias, "que viene siendo un instrumento fundamental para superar las desventajas de las personas con discapacidad y promover su participación e integración en todos los ámbitos de la sociedad". Lo dicho, menos palabras, y más gestos con el colectivo de las personas con discapacidad, Señor Rodríguez Zapatero. Antonio Hernández Lobo es Secretario de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Las Palmas-COCEMFE-