NC afirma que el Gobierno intenta desprestigiar la moratoria para justificar la Ley de Medidas Urgentes

Nueva Canarias (NC) afirma que el Gobierno autonómico ha iniciado una campaña de desprestigio de la moratoria para intentar justificar la Ley de Medidas Urgentes que ha provocado un rechazo unánime por instituciones públicas, patronales, asociaciones profesionales y ecologistas y del propio ex director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible del Ejecutivo. NC denuncia que el Ejecutivo intenta disfrazar la Ley de Medidas Urgentes para ocultar que en la práctica el Gobierno de Canarias elimina la moratoria turística y da un golpe de mano al ordenamiento territorial y a la protección de suelo rústico. La organización nacionalista afirma que la nueva ley tendrá como consecuencia la autorización de forma ilimitada de la construcción de hoteles de 5 estrellas e impedirá de facto la renovación de las infraestructuras obsoletas. Además rechaza la invasión de competencias que hace la Ley de Medidas Urgentes respecto a ayuntamientos y cabildos ya que puede imponer sobre los planeamientos municipales o insulares dotaciones y equipamientos, actividades industriales o turísticas. Esta invasión de competencias llega al punto de que el Gobierno podrá exceptuar a los promotores turísticos de solicitar la licencia municipal de obra para realizar proyectos en el ámbito turístico. Desprotege el suelo Nueva Canarias afirma que bajo el pretexto de favorecer las actividades económicas la Ley de Medidas Urgentes disminuye la protección que se ha ido regulando en el ordenamiento territorial ya que el Gobierno se atribuye por decreto la implantación de actividades industriales o equipamientos en suelo rústico e introduce el silencio administrativo positivo para cualquier solicitud de actividades en suelo rústico que no le son propias, cambiando el criterio vigente que es la necesidad de autorización expresa de la administración si se entiende que es de interés general. En resumen NC señala que las medidas contempladas en la nueva ley son contraproducentes para lograr los objetivos que se marca y que son razonables como la simplificación de la normativa o la agilización del planeamiento. Cree que el Gobierno debería replantearse la situación puesto que la aprobación de esta ley supondría una involución en materia de ordenamiento territorial y que lo más sensato es volver a empezar el proceso de elaboración iniciando además un auténtico debate social con las instituciones, patronales y organizaciones que han mostrado su rechazo puesto que una norma tan relevante requiere la unanimidad que se logró con la actual moratoria.