El Cabildo y Santa Lucía de Tirajana expresan su preocupación por la continuidad de los puntos de encuentro

Pedro Quevedo, consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, y Silverio Matos, alcalde de Santa Lucía de Tirajana mostraron este viernes su preocupación por la necesidad de mantener los puntos de encuentro de San Antonio, en Las Palmas de Gran Canaria y del municipio sureño. Hemos estado intentando resolver este asunto con la máxima discreción, dijo el consejero e indicó que se han estado reuniendo e informando a todas las partes implicadas. Sin embargo, ahora el Cabildo se ha visto obligado a explicar públicamente la situación de la problemática ante el salto a los medios de comunicación, por la intermediación de personas ajenas a estos servicios, que han hecho que se genere mucha confusión al respecto. Quevedo indicó que desde el 18 de julio se advirtió a todas las partes de la imposibilidad de mantener el servicio si no se corregían los déficits. Fruto de esta comunicación, en el mes de septiembre el director general de Política Social, Antonio Gil, consiguió mantener una reunión con la directora general de relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno canario para defender la continuidad del punto de encuentro sobre la premisa inicial de que ésta es una competencia de la Consejería de la Presidencia. Como consecuencia de los compromisos adquiridos la directora general envió al Cabildo una propuesta de convenio entre las dos administraciones en relación al punto de encuentro consistente en subvencionar una parte del coste de personal. “Como esta propuesta no resuelve la cuestión”, se ha trasladado una contrapropuesta que es compartida por el Ayuntamiento de Santa Lucía y el Cabildo de Lanzarote, en la que se propone que el Gobierno asuma el gasto del personal, dado que es competencia de la Consejería de Presidencia, como así reconoce la propia propuesta de la Dirección General, mientras que las instituciones insulares y municipal se comprometen a ceder las infraestructuras y los gastos que ello conlleva (seguridad, limpieza, agua, luz, apoyo técnico, etc). Aproximadamente 585.000 euros anuales es lo que cuesta este servicio al Cabildo de Gran Canaria y 180.000 en el caso de Santa Lucía de Tirajana. “Es un montón de dinero” para estas administraciones aseguró Quevedo, y por lo tanto inasumibles en la medida de que no son de su competencia. “Aún así estamos dispuestos a llegar a un acuerdo en el que quede perfectamente claro que pondremos todos los medios para garantizar que las cosas funcionen”. En este sentido el consejero afirmó que es necesario firmar un convenio entre el Gobierno de Canarias y los instituciones insular y local en el que quede claro el papel de cada cual ya que es el único procedimiento por el que las administraciones públicas pueden ratificar eficazmente sus compromisos. Lo que no parece muy lógico es que en algunos casos sí sea la Consejería de Presidencia la que asuma la gestión como ocurre con el Cabildo de Tenerife o el Ayuntamiento de Guía, y en otros casos no.