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Pérez propone que el 70 por ciento del bloque canario de financiación se destine a los Cabildos y Ayuntamientos

Sábado, 13 de Septiembre de 2008
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El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez, ha manifestado "que es preciso que el Gobierno de Canarias se implique más a fondo en un problema general que afecta a la dificultad que tienen las administraciones locales e insulares para ejercer sus competencias". _mg_4787.jpgPor ello, el presidente grancanario propone que se retome el acuerdo que Cabildos y Gobierno de Canarias plantearon en el momento de elaborarse la Ley de Financiación de las Haciendas locales e Insulares. "Acuerdo que incluía un reparto de los fondos provenientes del bloque canario de financiación que destinara el 70% a Cabildos y Ayuntamientos y, el resto, al Gobierno Autónomo. Si se produjera una mejora en el bloque canario de financiación, como consecuencia del menor descuento que el Ministerio de Hacienda pueda hacer con cargo al antiguo IGTE, el reparto correspondiente en Canarias debería incluir aquella fórmula y en la misma proporción para todo el bloque canario". José Miguel Pérez rechaza con ello la fórmula propuesta por José Manuel Soria, por entender que pretende limitar la distribución a unas menores proporciones (58% y 42% respectivamente) y con ello sacar más ventaja para las arcas del Gobierno Autónomo frente a las de Cabildos y Ayuntamientos. Asimismo, el presidente grancanario recordó que "los Cabildos canarios han propuesto ya otras medidas lógicas y justas que hasta la fecha no han recibido respuesta positiva del Gobierno de Canarias, entre las que se encuentra la dotación de un fondo de actualización para compensar la brecha que produce la insuficiencia financiera de los Cabildos". Pérez finaliza diciendo que "dicho fondo podría dotarse, como en su día propuso el mismo Soria cuando presidió el Gobierno Insular, con el añadido de los aumentos provenientes de los recursos que obtiene Canarias mediante los Convenios de carreteras y de obras hidráulicas. También con el pago de la parte que corresponde a las administraciones locales e insulares de los dineros que el Gobierno autónomo ha obtenido desde 1993 hasta 2003 en concepto de recargos, apremios y sanciones por la recaudación del REF y cuya parte proporcional nunca se ingresó a los primeros".
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