Una vez estudiada la certificación remitida por la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, María del Pino Torres, sobre el acuerdo plenario dada la imposibilidad de que el PGO sea aprobado provisionalmente y mucho menos remitido a la Cotmac para su aprobación definitiva antes del próximo día 21 de junio, la Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias ha resuelto ampliar por dos años el plazo máximo de tramitación de la revisión del PGO. Ante esta incapacidad manifiesta o incumplimiento en los plazos comprometidos expuestos en los programas electorales (porque de gobierno aún no existe), ¿a quién hay que pedirles responsabilidades? ¿Debería alguien dimitir? Se nos ocurren varios cargos desde la alcaldesa hasta la concejal de Urbanismo, pasando por el gerente del plan.








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