El otro oficio fue la amenaza ante la supuesta vulneración de la protección de datos de carácter personal. Toda una reacción hacia aquellas cuestiones que hacen dudar al funcionariado y administrados en general sobre los pagos millonarios por decreto. La mejor salida ha sido una amenaza contra los que intenten sacar un folio del Ayuntamiento que en el peor de los casos puede caer en los medios de comunicación. El oficio amenazador viene a coincidir, entre otras, con la publicaciones de los dos informes de los técnicos municipales sobre la cárcel de Juan Grande y que ocasionó el amargo encadenamiento de los vecinos en la Alcaldía, así como el decreto de los 14.740 euros.









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