Maspalomas Ahora / Madrid.- El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, informó este mates en rueda de prensa sobre la entrada en vigor la Ley de Dependencia, cuyo número de teléfono 900 406 080 responde a las dudas de los ciudadanos acerca de la nueva norma.
Acompañado de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, Caldera insistió en que los casi 1.200.000 españoles y residentes en España en situación de dependencia ya tienen derecho a recibir atención por parte de las administraciones públicas. No obstante, la Ley no se materializará hasta abril.
El desarrollo de la norma, calificada por Caldera como "cuarto pilar del Estado de bienestar", será un "camino progresivo", que seguirá un calendario de implantación.
Según el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, en 2007 las prestaciones alcanzarán a las personas en situación de dependencia grave. En los siguientes años, se irán incorporando las personas con un nivel de dependencia menor, hasta 2015, año en que se completará el desarrollo de la norma.
El próximo 11 de enero tendrá lugar una reunión "con todas las comunidades autónomas". Posteriormente, el día 22, se constituirá el Consejo Territorial de la Dependencia, que acordará, en el plazo máximo de tres meses, el baremo mediante el que se evaluará a todos los ciudadanos que lo deseen para determinar su grado y nivel de dependencia.
De este modo, a partir del 1 de abril todas las comunidades autónomas comenzarán a evaluar a los ciudadanos que acudan para que se mida su grado de dependencia.
El día 22 también se fijarán los servicios a los que se tendrá derecho, en función del grado y nivel de dependencia, la aportación de los beneficiarios a la financiación de los servicios (que no podrá ser superior al 30%), el plan para menores de tres años y la cuantía de las prestaciones económicas.
A este respecto, Caldera afirmó que la prestación de servicios será la norma general y la vía prioritaria de atención a la dependencia. Sin embargo, en los primeros años de aplicación de la Ley, "pueden ser más frecuentes" las prestaciones económicas que, posteriormente, pasarán a ser "excepcionales", sólo para los casos en los que no sea posible acceder a servicios.
El catálogo de servicios a los que se accederá en función del nivel de dependencia incluirá servicio de prevención de las situaciones de dependencia, teleasistencia, centro de día y de noche y servicio de atención residencial.
El ministro aseguró que "la parte básica de la protección se va a recibir por igual en todas las comunidades autónomas". A pesar de ello, "una comunidad podría tomar la iniciativa de aumentar la protección".
Según explicó, el esfuerzo presupuestario que supone la aplicación de la Ley de Dependencia ascenderá, hasta 2015, a 26.000 millones de euros, que aportarán, a partes iguales, el Estado y las comunidades autónomas.
En 2007, la Administración del Estado y las autonómicas aportarán 400 millones de euros cada una.
Según Caldera, la nueva ley generará cerca de 350.000 puestos de trabajo directos, hará crecer el PIB un 1,56% y generará retorno fiscal y nuevas cotizaciones a la seguridad social.
Caldera hizo hincapié en que, antes de que empiece abril, se regulará la forma en que los cuidadores no profesionales se incorporarán a la Seguridad Social.
Algo para lo que será necesario "tener documentos", con lo que se descarta la incorporación de los inmigrantes ilegales.
Finalmente, Caldera adelantó que "habrá un programa específico de formación" para los cuidadores.
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En marcha el teléfono para informar a los ciudadanos sobre la Ley de Dependencia
Martes, 02 de Enero de 2007
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Maspalomas Ahora / Madrid.- El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, informó este mates en rueda de prensa sobre la entrada en vigor la Ley de Dependencia, cuyo número de teléfono 900 406 080 responde a las dudas de los ciudadanos acerca de la nueva norma.
Acompañado de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, Caldera insistió en que los casi 1.200.000 españoles y residentes en España en situación de dependencia ya tienen derecho a recibir atención por parte de las administraciones públicas. No obstante, la Ley no se materializará hasta abril.
El desarrollo de la norma, calificada por Caldera como "cuarto pilar del Estado de bienestar", será un "camino progresivo", que seguirá un calendario de implantación.
Según el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, en 2007 las prestaciones alcanzarán a las personas en situación de dependencia grave. En los siguientes años, se irán incorporando las personas con un nivel de dependencia menor, hasta 2015, año en que se completará el desarrollo de la norma.
El próximo 11 de enero tendrá lugar una reunión "con todas las comunidades autónomas". Posteriormente, el día 22, se constituirá el Consejo Territorial de la Dependencia, que acordará, en el plazo máximo de tres meses, el baremo mediante el que se evaluará a todos los ciudadanos que lo deseen para determinar su grado y nivel de dependencia.
De este modo, a partir del 1 de abril todas las comunidades autónomas comenzarán a evaluar a los ciudadanos que acudan para que se mida su grado de dependencia.
El día 22 también se fijarán los servicios a los que se tendrá derecho, en función del grado y nivel de dependencia, la aportación de los beneficiarios a la financiación de los servicios (que no podrá ser superior al 30%), el plan para menores de tres años y la cuantía de las prestaciones económicas.
A este respecto, Caldera afirmó que la prestación de servicios será la norma general y la vía prioritaria de atención a la dependencia. Sin embargo, en los primeros años de aplicación de la Ley, "pueden ser más frecuentes" las prestaciones económicas que, posteriormente, pasarán a ser "excepcionales", sólo para los casos en los que no sea posible acceder a servicios.
El catálogo de servicios a los que se accederá en función del nivel de dependencia incluirá servicio de prevención de las situaciones de dependencia, teleasistencia, centro de día y de noche y servicio de atención residencial.
El ministro aseguró que "la parte básica de la protección se va a recibir por igual en todas las comunidades autónomas". A pesar de ello, "una comunidad podría tomar la iniciativa de aumentar la protección".
Según explicó, el esfuerzo presupuestario que supone la aplicación de la Ley de Dependencia ascenderá, hasta 2015, a 26.000 millones de euros, que aportarán, a partes iguales, el Estado y las comunidades autónomas.
En 2007, la Administración del Estado y las autonómicas aportarán 400 millones de euros cada una.
Según Caldera, la nueva ley generará cerca de 350.000 puestos de trabajo directos, hará crecer el PIB un 1,56% y generará retorno fiscal y nuevas cotizaciones a la seguridad social.
Caldera hizo hincapié en que, antes de que empiece abril, se regulará la forma en que los cuidadores no profesionales se incorporarán a la Seguridad Social.
Algo para lo que será necesario "tener documentos", con lo que se descarta la incorporación de los inmigrantes ilegales.
Finalmente, Caldera adelantó que "habrá un programa específico de formación" para los cuidadores.
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