Las acciones contra la orden del consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, que autorizó el uso del suelo para la cárcel, la recuperación de las competencias en suelo rústico para poder precintar las obras de la cárcel y la propuesta de dar traslado a otras administraciones del acuerdo plenario que rechazó la regasificadora centraron el polémico pleno de San Bartolomé de Tirajana.
La división del voto entre los compañeros del grupo de gobierno en asuntos como la construcción de la cárcel de Juan Grande pusieron de relieve la falta de criterios en común de los ediles de NC y PSOE, en una sesión calurosa en la que no faltaron los gritos, las llamadas al orden de la alcaldesa y la tensión.
Incluso los socialistas que en su día votaron a favor de la regasificadora, la rechazaron ahora a pesar de que en diciembre de 2007 se mostraron en consonancia con el proyecto del Cabildo de Gran Canaria. En aquel entonces afirmaron que este proyecto es claro al proponer una plataforma a 1,5 kilómetros del municipio, y que "por tanto eso no era el municipio".
A pesar de que recientemente ambos partidos se comprometieron públicamente en no romper más la disciplina de gobierno, durante la mañana del viernes, las discrepancias en las votaciones reflejó que aún se está muy lejos de alcanzar este objetivo.
Las abstenciones inesperadas de los concejales de gobierno, José Rodríguez del PSOE, y Francisco Peñate y Blas Ramón de NC, permitieron sacar adelante la recuperación de las competencias en suelo rústico por parte del Ayuntamiento para poder precintar las obras de la cárcel. Se trata de una propuesta del PP y secundada por AV que la alcaldesa, María del Pino Torres, rechazó porque a su juicio se convertirá en una "sangría para el municipio".
Además, estos tres ediles protagonizaron otra votación independiente en favor de una moción de AV que propuso ejercer acciones legales contra la orden de Soria que autorizó el uso del suelo para la cárcel.
El cambio de la Biblioteca Central de la Casa de la Cultura de San Fernando a la explanada situada frente al Estadio Municipal de Maspalomas se convirtió en la primera confrontación que resultó aprobada por mayoría.
Las alegaciones de AV a la modificación presupuestaria no estuvo exenta de un tenso debate y resultó rechazada por 10 votos del gobierno contra 9.
La moción presentada por el PP en la que se pedía al Ayuntamiento que encargara a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria un estudio que determine el impacto que supondría la construcción de la cárcel con la industria turística, no prosperó. Según el gobierno ese trabajo se está realizado por la misma universidad.
Una vez finalizada la sesión plenaria, el debate y discusión sobre la actuación en la sala prosiguió en el despacho de Alcaldía entre los ediles del gobierno.
La división del voto entre los compañeros del grupo de gobierno en asuntos como la construcción de la cárcel de Juan Grande pusieron de relieve la falta de criterios en común de los ediles de NC y PSOE, en una sesión calurosa en la que no faltaron los gritos, las llamadas al orden de la alcaldesa y la tensión.
Incluso los socialistas que en su día votaron a favor de la regasificadora, la rechazaron ahora a pesar de que en diciembre de 2007 se mostraron en consonancia con el proyecto del Cabildo de Gran Canaria. En aquel entonces afirmaron que este proyecto es claro al proponer una plataforma a 1,5 kilómetros del municipio, y que "por tanto eso no era el municipio".
A pesar de que recientemente ambos partidos se comprometieron públicamente en no romper más la disciplina de gobierno, durante la mañana del viernes, las discrepancias en las votaciones reflejó que aún se está muy lejos de alcanzar este objetivo.
Las abstenciones inesperadas de los concejales de gobierno, José Rodríguez del PSOE, y Francisco Peñate y Blas Ramón de NC, permitieron sacar adelante la recuperación de las competencias en suelo rústico por parte del Ayuntamiento para poder precintar las obras de la cárcel. Se trata de una propuesta del PP y secundada por AV que la alcaldesa, María del Pino Torres, rechazó porque a su juicio se convertirá en una "sangría para el municipio".
Además, estos tres ediles protagonizaron otra votación independiente en favor de una moción de AV que propuso ejercer acciones legales contra la orden de Soria que autorizó el uso del suelo para la cárcel.
El cambio de la Biblioteca Central de la Casa de la Cultura de San Fernando a la explanada situada frente al Estadio Municipal de Maspalomas se convirtió en la primera confrontación que resultó aprobada por mayoría.
Las alegaciones de AV a la modificación presupuestaria no estuvo exenta de un tenso debate y resultó rechazada por 10 votos del gobierno contra 9.
La moción presentada por el PP en la que se pedía al Ayuntamiento que encargara a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria un estudio que determine el impacto que supondría la construcción de la cárcel con la industria turística, no prosperó. Según el gobierno ese trabajo se está realizado por la misma universidad.
Una vez finalizada la sesión plenaria, el debate y discusión sobre la actuación en la sala prosiguió en el despacho de Alcaldía entre los ediles del gobierno.
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