Salen a concurso las obras de la cárcel por 103.766.689,91 euros

La contratación de las obras de construcción de la nueva cárcel de Gran Canaria ha sido sacada ya a concurso con un presupuesto de licitación de 103.766.689,91 euros, según anunció hoy la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP). "De dicha inversión de obra pública estatal -destaca la SIEP en un comunicado- podrán beneficiarse diferentes empresas canarias del ramo de la construcción e, igualmente, supondrá una importante demanda de puestos de trabajo en los sectores de la construcción y los servicios y en la zona sur de la isla". "Con la previsión de crear más de 850 puestos de trabajo directos durante la etapa de construcción y 800 puestos estables durante la fase de funcionamiento del centro penitenciario", precisa el texto. La SIEP, que detalla que el procedimiento abierto para la ejecución de las obras del centro penitenciario Canarias II fue convocado oficialmente ayer, destaca que la nueva cárcel "dará respuesta a las necesidades presentes y de futuro en instalaciones penitenciarias". "Resolviendo así una de las demandas más acuciantes en Gran Canaria y permitiendo el acercamiento de los internos canarios a sus familias", apostilla. Los vecinos creen que ha existido complicidad local con el tema de la cárcel La despreocupación de las autoridades ambientales de todas las administraciones canarias en relación con la ubicación de la cárcel en Llanos de Juan Grande ha sido monumental. Ni un sólo organismo de la Comunidad Autónoma, Cabildo o Ayuntamiento advirtió sobre posibles perjuicios, informa Canarias7. No es una denuncia de los vecinos que luchan por impedir la construcción del centro penitenciario, sino que está recogido en la resolución de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 22 de abril de 2008 y por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de construcción del Centro Penitenciario Tipo I en San Bartolomé de Tirajana. La decisión no es gratuita, sino consecuente con el resultado de la consulta realizada a los organismos canarios, ya que la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siep) envió a la citada Dirección General, una memoria consultiva del proyecto, con el objeto de determinar la necesidad de sus sometimiento a procedimiento de evaluación de impacto ambiental y cuanto ésta requirió informes a los organismos canarios, la mayoría ni siquiera se tomaron el trabajo de contestar. Respuestas La Viceconsejería de Medio Ambiente, que tanto celo mostró en otros proyectos, no respondió, así como tampoco la Dirección General de Cultura del Gobierno de Canarias, la Sociedad Española de Ornitología, Adena y la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. De las respuestas recibidas destaca la de la Dirección General de Aguas de la Comunidad Autónoma, que no detecta afecciones y traslada la consulta al Consejo Insular de Aguas; la del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que presenta un informe con la descripción del impacto paisajístico y las medidas correctoras imprescindibles que deberán introducirse en el proyecto; y la de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo, señalando que no hay constancia de restos arqueológicos que puedan afectarse. Sin embargo un posterior análisis realizado por el Consejo Abierto de Vecinos de Castillo del Romeral detectó hasta un total de nueve irregularidades en el Plan Territorial Especial de Instalaciones Penitenciarias "que demuestran manipulación de datos con el objeto de instalar la cárcel en Juan Grande".