El consejo insiste en la autorización de Patrimonio

En referencia al comunicado emitido por la Delagación de Gobierno, el Consejo de Vecinos reiteran los expuesto en el documento de autorización de la Dirección General de Patrimonio. En el mismo, Patrimonio concede autorización a la SIEP para "realizar actuaciones preparatorias y de estudio de idoneidad para instalaciones penitenciarias" con la condición de "solicitar y obtener los permisos, autorizaciones y licencias que fueran necesarios para las actividades que realice" y sin que la "SIEP pueda subrogar la presente autorización a terceras personas". El Consejo cree que se incumple las normas de cesión porque: los trabajos que se han hecho no corresponden a estudios, no hay ningún tipo de permiso de obras, y la SIEP ha subrogado en la empresa Hermanos Tito la realización de los trabajos. Según los vecinos, aunque la SIEP tuviera la propiedad del terreno aún sería necesario que estuviera aprobado el Plan Territorial de Infraestructuras Penitenciarias de Canarias donde se fija el lugar donde debe ir la Cárcel, al cual la COTMAC del Gobierno de Canarias debe dar su visto bueno. Por las informaciones que maneja el Consejo, el Gobierno de Canarias cree al igual que los vecinos, que se han cometido muchas irregularidades al elegir Juan Grande como el lugar más idóneo para ubicar la Cárcel y según la opinión de muchos técnicos el lugar más indicado es en Los Corralillos en Agüimes. El Consejo está pendiente de la aprobación o no del Plan Territorial para denunciarlo en el Juzgado por estas irregularidades, que "creemos fueron hechas de forma amañada para imponer Juan Grande". Aún así y después de esto, el Gobierno Central podría imponer la Carcel en Juan Grande por medio de su aprobación en el Consejo de Ministros, pero tendría que ser por orden expresa de dicho Consejo de Ministros, por ser según ellos una obra de Interés General. En este caso, los vecinos advierten que recurrirían al Tribunal Constitucional, al entender que si es interés general la nueva prisión porque Salto del Negro está masificado, también es interés general la preservación del turismo, la reserva agraria estratégica, los espacios naturales protegidos, etc. También consideran que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tiene potestad para parar las obras, puesto que estas carecen de permiso y si bien la competencias están cedidas a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, estás competencias pueden ser recuperadas para este caso concreto, por medio de un pleno.