Nueva Canarias propone que se mantengan las 3.600 camas nuevas cada año como excepción a la moratoria y que sean los plenos de los cabildos los que elijan los proyectos por su interés general en vez del Parlamento como hasta ahora, afirmó en la mañana de este viernes el presidente de la formación, Román Rodríguez.
El también vicepresidente del Cabildo grancanario aseguró que puede que a otros territorios no les importe tanto, pero es precisamente Gran Canaria la más perjudicada por la desaparición de las excepciones en el borrador de la ley de medidas urgentes porque es la que más hoteles y ofertas de calidad necesita.
El grueso de su oferta la conforman apartamentos, pero la demanda se inclina hacia los hoteles, y los existentes tienen reservas incluso para la próxima temporada, lo que justifica la necesidad de que la isla crezca en este tipo de instalaciones de calidad.
Estas 3.600 camas tendrían que "insularizarse" ya sea teniendo el cuenta las camas ya existentes o un tercio para Gran Canaria, otro tercio para Tenerife y la tercera parte a repartir entre Lanzarote y Fuerteventura.
Establecer como única posibilidad de crear nuevas camas la renovación y sustitución es a su juicio una medida ineficaz que además no tiene sustento técnico, aseguró Rodríguez, que presidió el Gobierno que aprobó las Directrices.
El ex presidente canario dudó que los empresarios vayan a invertir en un entorno obsoleto caracterizado por el "cutrerío" acumulado en 40 años como Playa del Inglés, y tampoco cree que vayan a comprar para regalar el suelo al Gobierno y poder construir nuevas camas en otro lugar.
El problema, a su juicio, radica en que no se cumplieron las medidas establecidas en la Ley de Directrices a este respecto, consistente en poner en marcha un paquete de medidas legales y fiscales para impulsar la renovación al tiempo que un consorcio interadministrativo se encargaría de modernizar las zonas públicas, desde calles a plazas, iluminación y mobiliario urbano.
Pero el Gobierno canario ha abandonado estas propuestas sin cumplirlas y establece otras que serán ineficaces, aseguró Rodríguez, quien critica de esta nueva norma que se haga tarde y deprisa.
Tarde porque se tenía que haber hecho hace dos años y deprisa porque el Ejecutivo plantea realizarla acortando los plazos al máximo.
Por otra parte, valoró las medidas propuestas para simplificar trámites relativos a la obtención de suelo industrial y a la posibilidad de destinar parte de los cultivos a energías renovables, entre otras.
Sin embargo, considera una pérdida de oportunidad que el borrador no contenga medidas que permitan desbloquear y agilizar los planes municipales, que en su adaptación a la Ley de las Directrices deben cumplir plazos similares a los de una tramitación completa.
Aseguró que el instrumento más importante de activación económica con el que podría contar Canarias en esta situación de crisis serían los planeamientos municipales.
Por otra parte, NC no comparte que el Parlamento pierda su protagonismo en la aprobación de las leyes trianuales y criticó que a los cinco años, tal como establecen las Directrices, en vez de una ley de medidas urgentes no se haya acometido una revisión completa de la norma.
Asimismo, es un "disparate" que el Gobierno reconozca y asuma la posibilidad de pagar indemnizaciones a los propietarios de suelo turístico, subrayó.
NC considera sorprendente que no se aproveche esta norma para regularizar el fenómeno del incremento de la oferta residencial, como chalets y villas, en zonas turísticas en lo que aseguró que supone una competencia desleal.
El también vicepresidente del Cabildo grancanario aseguró que puede que a otros territorios no les importe tanto, pero es precisamente Gran Canaria la más perjudicada por la desaparición de las excepciones en el borrador de la ley de medidas urgentes porque es la que más hoteles y ofertas de calidad necesita.
El grueso de su oferta la conforman apartamentos, pero la demanda se inclina hacia los hoteles, y los existentes tienen reservas incluso para la próxima temporada, lo que justifica la necesidad de que la isla crezca en este tipo de instalaciones de calidad.
Estas 3.600 camas tendrían que "insularizarse" ya sea teniendo el cuenta las camas ya existentes o un tercio para Gran Canaria, otro tercio para Tenerife y la tercera parte a repartir entre Lanzarote y Fuerteventura.
Establecer como única posibilidad de crear nuevas camas la renovación y sustitución es a su juicio una medida ineficaz que además no tiene sustento técnico, aseguró Rodríguez, que presidió el Gobierno que aprobó las Directrices.
El ex presidente canario dudó que los empresarios vayan a invertir en un entorno obsoleto caracterizado por el "cutrerío" acumulado en 40 años como Playa del Inglés, y tampoco cree que vayan a comprar para regalar el suelo al Gobierno y poder construir nuevas camas en otro lugar.
El problema, a su juicio, radica en que no se cumplieron las medidas establecidas en la Ley de Directrices a este respecto, consistente en poner en marcha un paquete de medidas legales y fiscales para impulsar la renovación al tiempo que un consorcio interadministrativo se encargaría de modernizar las zonas públicas, desde calles a plazas, iluminación y mobiliario urbano.
Pero el Gobierno canario ha abandonado estas propuestas sin cumplirlas y establece otras que serán ineficaces, aseguró Rodríguez, quien critica de esta nueva norma que se haga tarde y deprisa.
Tarde porque se tenía que haber hecho hace dos años y deprisa porque el Ejecutivo plantea realizarla acortando los plazos al máximo.
Por otra parte, valoró las medidas propuestas para simplificar trámites relativos a la obtención de suelo industrial y a la posibilidad de destinar parte de los cultivos a energías renovables, entre otras.
Sin embargo, considera una pérdida de oportunidad que el borrador no contenga medidas que permitan desbloquear y agilizar los planes municipales, que en su adaptación a la Ley de las Directrices deben cumplir plazos similares a los de una tramitación completa.
Aseguró que el instrumento más importante de activación económica con el que podría contar Canarias en esta situación de crisis serían los planeamientos municipales.
Por otra parte, NC no comparte que el Parlamento pierda su protagonismo en la aprobación de las leyes trianuales y criticó que a los cinco años, tal como establecen las Directrices, en vez de una ley de medidas urgentes no se haya acometido una revisión completa de la norma.
Asimismo, es un "disparate" que el Gobierno reconozca y asuma la posibilidad de pagar indemnizaciones a los propietarios de suelo turístico, subrayó.
NC considera sorprendente que no se aproveche esta norma para regularizar el fenómeno del incremento de la oferta residencial, como chalets y villas, en zonas turísticas en lo que aseguró que supone una competencia desleal.







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