Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea han aprobado en Luxemburgo la directiva que regulará la expulsión de los inmigrantes indocumentados que se encuentren en territorio comunitario. Le toca el turno ahora al Parlamento Europeo que se pronunciará sobre la norma en la sesión plenaria de mediados de este mes. Los ministros esperan que los eurodiputados aprueben en primera lectura esta directiva.
La nueva norma establece que los inmigrantes 'sin papeles' pueden ser detenidos por un plazo máximo de seis meses, ampliable a 18 en casos excepcionales.
En la actualidad, nueve países comunitarios -Suecia, Grecia, Dinamarca, Reino Unido, Estonia, Irlanda, Malta, Holanda y Finlandia- no cuentan con un periodo máximo de retención de los indocumentados, lo que da como resultado que éstos puedan estar internados de forma indefinida.
A este respecto, Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, ha asegurado a su llegada al Consejo de ministros que esta directiva "establece unos mínimos", ya que, "existen países que no los tienen", ha añadido.
Asimismo, Rumí ha señalado que la directiva "es equilibrada, garantista y armónica". Ayer, la Eurocámara, el Consejo de la UE y la Comisión Europea se comprometieron a que la asistencia jurídica a los indocumentados se prestara de forma gratuita, punto con el que no todos los Estados miembros estaban de acuerdo.
Además, la Comisión se comprometió a desbloquear dinero del Fondo Europeo de Retorno para ayudar a los Veintisiete a dar esa ayuda. Si el Parlamento Europeo aprueba la directiva, ésta deberá transponerse a los derechos nacionales en un plazo de dos años. El artículo 12, el que recoge la asistencia jurídica sin coste al inmigrante, contará con un plazo de hasta 36 meses para su adopción.
La nueva norma establece que los inmigrantes 'sin papeles' pueden ser detenidos por un plazo máximo de seis meses, ampliable a 18 en casos excepcionales.
En la actualidad, nueve países comunitarios -Suecia, Grecia, Dinamarca, Reino Unido, Estonia, Irlanda, Malta, Holanda y Finlandia- no cuentan con un periodo máximo de retención de los indocumentados, lo que da como resultado que éstos puedan estar internados de forma indefinida.
A este respecto, Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, ha asegurado a su llegada al Consejo de ministros que esta directiva "establece unos mínimos", ya que, "existen países que no los tienen", ha añadido.
Asimismo, Rumí ha señalado que la directiva "es equilibrada, garantista y armónica". Ayer, la Eurocámara, el Consejo de la UE y la Comisión Europea se comprometieron a que la asistencia jurídica a los indocumentados se prestara de forma gratuita, punto con el que no todos los Estados miembros estaban de acuerdo.
Además, la Comisión se comprometió a desbloquear dinero del Fondo Europeo de Retorno para ayudar a los Veintisiete a dar esa ayuda. Si el Parlamento Europeo aprueba la directiva, ésta deberá transponerse a los derechos nacionales en un plazo de dos años. El artículo 12, el que recoge la asistencia jurídica sin coste al inmigrante, contará con un plazo de hasta 36 meses para su adopción.
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