El concejal de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, David Delgado, ordenó este sábado el desprecinto de la antigua discoteca Nikki Beach, a pesar de que anunció el pasado lunes (día del precinto) "que esta vez el expediente quedaría en manos de los juzgados para resolver jurídicamente las denuncias y que el asunto iría para largo".
Fuentes consultadas por Maspalomas Ahora habían adelantado que el establecimiento precintado se reabriría el jueves de esta misma semana tras pedir las medidas cautelarísimas. En consecuencia, Delgado, en declaraciones a Maspalomas Ahora insistía en que esta vez "el expediente quedaría en manos de los juzgados, que serían quienes resolvieran jurídicamente el asunto" debido a que el Ayuntamiento no iba a intervenir.
El concejal reconoció este sábado que desde el pasado jueves quedaron subsanadas las deficiencias detectadas por el aparejador municipal tras visitar el establecimiento nuevamente, pero no fue desprecintado ese mismo día porque no "quedaba tiempo material y no debíamos forzarlo, sobre todo por la expectación que había suscitado".
El decreto contempla el alzamiento de las medidas cautelares de suspensión de precinto al desaparecer las circunstancias de peligro para personas y bienes que dieron lugar al precinto, así como continuar con la tramitación del procedimiento sancionador incoado.
Contra el decreto se había desestimado la petición de ampliación de plazo formulada por la parte interesada, al no estar justificada la seguridad de las personas en el desarrollo de la actividad. Por este motivo, el Ayuntamiento suspendió cautelarmente cualquier actividad que se desarrolle en el establecimiento. De ahí que durante esta semana se hayan producido los trabajos oportunos para la correcta instalación de los dispositivos de seguridad solicitados.
Aún así, la parte denunciante, junto a otras fuentes consultadas no se explican por qué y quién ha denunciado las medidas de seguridad, cuando el tenor de la denuncia presentada al departamento de Disciplina Urbanística desde el pasado 10 de marzo pedía en el precinto inmediato porque los sótanos de los Apartamentos Koka de Playa del Inglés "no se adaptan a las normas urbanísticas de la parcela R 95, la cual no contempla ningún uso comercial en dicha planta".
En el citado lugar, su uso está restringido para garajes, instalaciones de maquinarias al servicio de la edificación principal o almacenamiento, por lo que en su opinión, "se podría estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación", añaden.
Pese al decreto de reapertura, el expediente contra el citado local sigue abierto por supuestas irregularidades en su ubicación, una parcela que ha sido declarada fuera de ordenación y que los servicios jurídicos municipales aún no tienen claro si debe suprimirse la actividad, explicó el edil.
La pasada semana antes de que se precintara el local, manifestó que este "importante precinto daría que hablar porque la guerra empresarial está ahí", cuestión que ahora se explican ciudadanos y empresarios.
Como se recordará, el edil advirtió que actuaría ante las denuncias presentadas pero no al "ritmo que nos pretenden imponer determinados denunciantes"; una cuestión que pone en duda la parte denunciante con la denunciada.
El edil reconoció que el cierre de "esta importante" discoteca de moda en la zona sur conllevará las denuncias colaterales, en referencia quizás, al anuncio por parte del empresario Juan Manuel Pérez de poner lo que considera "irregularidades administrativas" en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.
El citado empresario apostó porque el departamento de Disciplina Urbanística actúe con contundencia conforme a Derecho y no pretenda con "dos teléfonos en las orejas contentar a todas las partes".
De igual modo, reiteró sus quejas porque como denunciante de esta y otras irregularidades en el municipio no se le ha notificado las actuaciones incoadas como establecen las leyes administrativas, una cuestión que le produce una importante indefensión jurídica, añade.
El responsable de Disciplina Urbanística, por su parte, reconoce que "es un momento muy duro para precintar locales" ante la llegada del verano, sobre todo porque "la cosa está mal". Del mismo modo, valoró a la hora de actuar que numeros establecimientos de la zona turística carecen de algunos permisos por lo que "abría que cerrar media Playa del Inglés" y se ponen en peligro los puestos de trabajo de muchas personas.
El acto de desprecinto un sábado no estuvo exento de comentarios al tratarse de una jornada en la que, los funcionarios disfrutan de su día libre, aún así, el registro municipal es el único que permanece abierto hasta las 14.00 horas.
Por su parte, el propietario del local denunciado, Manolo Araque, afirmó que la sala cumple perfectamente con todas las normas de seguridad necesarias, así como con el resto de permisos preceptivos para la realización de la actividad.
En su opinión, esta situación se debe a las desavenencias particulares entre empresarios que dificultan la convivencia de los negocios de ocio nocturno del sur de Gran Canaria, en momentos delicados para la industria turística.
Fuentes consultadas por Maspalomas Ahora habían adelantado que el establecimiento precintado se reabriría el jueves de esta misma semana tras pedir las medidas cautelarísimas. En consecuencia, Delgado, en declaraciones a Maspalomas Ahora insistía en que esta vez "el expediente quedaría en manos de los juzgados, que serían quienes resolvieran jurídicamente el asunto" debido a que el Ayuntamiento no iba a intervenir.
El concejal reconoció este sábado que desde el pasado jueves quedaron subsanadas las deficiencias detectadas por el aparejador municipal tras visitar el establecimiento nuevamente, pero no fue desprecintado ese mismo día porque no "quedaba tiempo material y no debíamos forzarlo, sobre todo por la expectación que había suscitado".
El decreto contempla el alzamiento de las medidas cautelares de suspensión de precinto al desaparecer las circunstancias de peligro para personas y bienes que dieron lugar al precinto, así como continuar con la tramitación del procedimiento sancionador incoado.
Contra el decreto se había desestimado la petición de ampliación de plazo formulada por la parte interesada, al no estar justificada la seguridad de las personas en el desarrollo de la actividad. Por este motivo, el Ayuntamiento suspendió cautelarmente cualquier actividad que se desarrolle en el establecimiento. De ahí que durante esta semana se hayan producido los trabajos oportunos para la correcta instalación de los dispositivos de seguridad solicitados.
Aún así, la parte denunciante, junto a otras fuentes consultadas no se explican por qué y quién ha denunciado las medidas de seguridad, cuando el tenor de la denuncia presentada al departamento de Disciplina Urbanística desde el pasado 10 de marzo pedía en el precinto inmediato porque los sótanos de los Apartamentos Koka de Playa del Inglés "no se adaptan a las normas urbanísticas de la parcela R 95, la cual no contempla ningún uso comercial en dicha planta".
En el citado lugar, su uso está restringido para garajes, instalaciones de maquinarias al servicio de la edificación principal o almacenamiento, por lo que en su opinión, "se podría estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación", añaden.
Pese al decreto de reapertura, el expediente contra el citado local sigue abierto por supuestas irregularidades en su ubicación, una parcela que ha sido declarada fuera de ordenación y que los servicios jurídicos municipales aún no tienen claro si debe suprimirse la actividad, explicó el edil.
La pasada semana antes de que se precintara el local, manifestó que este "importante precinto daría que hablar porque la guerra empresarial está ahí", cuestión que ahora se explican ciudadanos y empresarios.
Como se recordará, el edil advirtió que actuaría ante las denuncias presentadas pero no al "ritmo que nos pretenden imponer determinados denunciantes"; una cuestión que pone en duda la parte denunciante con la denunciada.
El edil reconoció que el cierre de "esta importante" discoteca de moda en la zona sur conllevará las denuncias colaterales, en referencia quizás, al anuncio por parte del empresario Juan Manuel Pérez de poner lo que considera "irregularidades administrativas" en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.
El citado empresario apostó porque el departamento de Disciplina Urbanística actúe con contundencia conforme a Derecho y no pretenda con "dos teléfonos en las orejas contentar a todas las partes".
De igual modo, reiteró sus quejas porque como denunciante de esta y otras irregularidades en el municipio no se le ha notificado las actuaciones incoadas como establecen las leyes administrativas, una cuestión que le produce una importante indefensión jurídica, añade.
El responsable de Disciplina Urbanística, por su parte, reconoce que "es un momento muy duro para precintar locales" ante la llegada del verano, sobre todo porque "la cosa está mal". Del mismo modo, valoró a la hora de actuar que numeros establecimientos de la zona turística carecen de algunos permisos por lo que "abría que cerrar media Playa del Inglés" y se ponen en peligro los puestos de trabajo de muchas personas.
El acto de desprecinto un sábado no estuvo exento de comentarios al tratarse de una jornada en la que, los funcionarios disfrutan de su día libre, aún así, el registro municipal es el único que permanece abierto hasta las 14.00 horas.
Por su parte, el propietario del local denunciado, Manolo Araque, afirmó que la sala cumple perfectamente con todas las normas de seguridad necesarias, así como con el resto de permisos preceptivos para la realización de la actividad.
En su opinión, esta situación se debe a las desavenencias particulares entre empresarios que dificultan la convivencia de los negocios de ocio nocturno del sur de Gran Canaria, en momentos delicados para la industria turística.
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