Ana Oramas pregunta al Gobierno por la ubicación de la cárcel

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ha remitido al Gobierno una pregunta sobre su criterio para la ubicación del segundo recinto penitenciario de Gran Canaria planificado en Juan Grande, término municipal de San Bartolomé de Tirajana. La portavoz de la formación nacionalista apuntó a la necesidad de que el Gobierno del Estado "transparente su decisión y explique a los ciudadanos grancanarios los motivos que le han llevado a elegir una zona como Juan Grande, una zona costera, puerta de uno de los principales núcleos turísticos de la Isla y de Canarias, como el emplazamiento idóneo para construir una macro cárcel que supera ampliamente en dimensión y en número de celdas al recinto penitenciario de Salto del Negro, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria y que tendría capacidad suficiente para acoger a la población reclusa actual de Canarias". Ana Oramas especificó que "Coalición Canaria está de acuerdo en que los reclusos canarios tengan la posibilidad de cumplir sus condenas en la Comunidad Autónoma y que sus familiares puedan disfrutar del régimen de visitas establecido con todas las garantías" y agregó que, por tanto, la necesidad de construir una segunda cárcel en la Isla "no está en debate" pero "la decisión sobre su ubicación no debe tomarse a la ligera, menos aún cuando estamos hablando de construirla en un municipio cuyo principal motor económico es el turismo y en un emplazamiento cercano a tres espacios naturales protegidos y a una de las zonas costeras con una emergente actividad en el ámbito de las piscifactorías" y que podrían verse afectadas por el emisario submarino que incluye el proyecto y que vertería residuos a escasos metros de dónde se desarrolla esta actividad. La diputada nacionalista discrepó, además, en la forma de actuar de Instituciones Penitenciarias en el caso de Gran Canaria, ya que, "ordenó el comienzo de las obras de la prisión de Juan Grande sin los permisos necesarios, sin los estudios de impacto medioambiental, sin el consenso de los ciudadanos y sin ni siquiera disponer legalmente de los terrenos en los que prevén construir el recinto penitenciario, terrenos cuya titularidad es del Gobierno de Canarias". Por último, la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados apuntó a la necesidad de buscar puntos de encuentro entre las administraciones implicadas -Gobierno del Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Gran Canaria y Federación Canaria de Municipios- para consensuar una alternativa al terreno escogido por el Gobierno del Estado para llevar a cabo el proyecto.