El diputado del común y la justicia

El Diputado del Común de Canarias, Don Manuel Alcaide, ha reconocido que el mal funcionamiento de la Justicia en esta autonomía española está poniendo en peligro el Estado de Derecho. Si los estimados lectores, tienen buena memoria, hemos comentado esto en diversas ocasiones, bien a través de la radio o en artículos de prensa. Don Manuel ha recordado lo que otras personas habían detectado hace tiempo. Aunque parezca que exageramos, el Estado de Derecho está en entredicho en toda España. No tienen sino que realizar una encuesta en la calle. Los que de alguna manera hemos luchado para que se estableciera en España una verdadera democracia, aun a riesgo de nuestras vidas y de nuestra tranquilidad, hemos sufrido una gran decepción. Pero tenemos todavía la esperanza de que se enmiende la plana y ese sueño empiece a cumplirse. Tal vez haga falta una regeneración política y una  mayor responsabilidad de la ciudadanía, en general. La democracia no consiste sólo en que los ciudadanos acudan a las urnas cada cuatro años para elegir a sus representantes, sino que incluye una serie de compromisos con ellos, como el funcionamiento de las instituciones, el desarrollo de los artículos de la Constitución, y especialmente que funcione la Justicia, se cumpla la ley y no exista impunidad para nadie, porque para eso se dice que "todos somos iguales ante la Ley.". Bueno, a veces, parece que hay unos más iguales que otros. Refiriéndonos concretamente a la situación de la Justicia en Canarias, ésta no puede ser más tercermundista. Lo puede comprobar cualquier ciudadano, a vista de pájaro, pero muy especialmente si alguna vez ha tenido que tratar con  departamentos judiciales. Todo ello lo corrobora, además, la delegada de Personal de los Trabajadores de Justicia de Canarias, Mary Pita, que de vez en cuando sale a expresar sus protestas en diferentes medios de comunicación. Lo ha hecho durante veinte años, pero parece que predica en un desierto. La Justicia es una empresa estatal que subsiste con muchas carencias, sin apenas recursos (tanto económicos como humanos) y sin que se regenere a base de reformas profundas y justas (nunca mejor dicho) Pero da la impresión de que los que mandan, a los que ostentan el poder en este país, sean del partido que fueren, no les interesara que se impartiese una justicia auténtica, tal como indica la Constitución, a la que recurren con frecuencia los políticos para recordarnos deberes y derechos, aunque, en ocasiones, ellos sean los primeros en vulnerarlos .¿Es que no les interesa que funcione el Estado de Derecho? Y si les interesa, al menos teóricamente, ¿por qué le ponen tantas trabas? No sólo es improcedente que no se imparta de forma agilizada la justicia, sino la precariedad  de esos otros órganos que tienen que ver con ella: juzgados de guardia, juzgados de familia, locales cutres e inadecuados, expedición de certificaciones, sentencias judiciales (en España parece que hay unas 7.000 pendientes de cumplimiento) , a lo que se añade la lentitud de los procesos, la carga  de trabajo que padecen los trabajadores, la falta de interconexión entre los diferentes tribunales de justicia del país y la policía, y, por tanto, de unos servicios que deben estar informatizados. Mary Pita asegura que es la Justicia del País Vasco la que mejor funciona en España, en cuanto a medios y resultados.